Autonomía progresiva y primera infancia: el interés superior del menor como eje de la decisión judicial
La autonomía progresiva suele entenderse como la capacidad de niñas, niños y adolescentes para participar en las decisiones que inciden en su esfera jurídica, de acuerdo con el avance del desarrollo. Desde esta perspectiva, el principio se vincula comúnmente con el derecho a ser escuchados y con la posibilidad de expresar sus opiniones en los procedimientos que involucran sus derechos.
Recientemente, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se enfrentó a una pregunta relevante: ¿puede hablarse de autonomía progresiva cuando un niño aún no tiene la capacidad de expresar su voluntad?
La interrogante resulta particularmente interesante porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había definido este principio como un proceso evolutivo mediante el cual niñas, niños y adolescentes adquieren, de manera gradual, mayores espacios de autodeterminación, sin embargo, la sentencia comentada aborda un aspecto menos explorado: la forma en que esta autonomía se proyecta durante la primera infancia, cuando la participación directa del menor todavía no es posible.
El colegiado concluyó que el principio también opera en esta etapa, aunque se manifieste a través de la responsabilidad parental y de mecanismos especializados dirigidos a proteger el desarrollo integral de la niñez.
El caso: convivencias familiares y revinculación parental
La controversia surgió a partir de un juicio promovido por un padre que solicitó el establecimiento de un régimen de visitas y convivencias con su hijo de corta edad, ante la falta de pronunciamiento de la autoridad familiar, promovió un juicio de amparo indirecto reclamando diversas omisiones relacionadas con la fijación e instrumentación de dichas convivencias.
Durante la tramitación del juicio constitucional, el juez familiar decretó un régimen provisional de convivencias supervisadas, ordenó la incorporación de las partes al Programa de Revinculación Familiar del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) y dispuso la realización de diversas actuaciones orientadas a reconstruir el vínculo paterno-filial. A partir de ello, el juzgado de distrito concluyó que los efectos de las omisiones reclamadas habían cesado y sobreseyó en el juicio.
Inconforme con esa determinación, el recurrente sostuvo que su derecho de convivencia permanecía insatisfecho, pues las medidas decretadas aún no se habían materializado. Esta circunstancia llevó al tribunal a examinar no solo la figura de la cesación de efectos en el juicio de amparo, sino también la manera en que debe protegerse el interés superior de una persona menor de edad que se encuentra en los primeros años de vida.
El tribunal parte de un cambio de paradigma: de la patria potestad a la responsabilidad parental
Antes de abordar directamente la autonomía progresiva, el colegiado explicó que las controversias familiares relacionadas con niñas y niños deben analizarse desde un modelo de responsabilidad parental, y no desde una lógica centrada en los derechos de las personas adultas.
La sentencia retomó expresamente la jurisprudencia 1a./J. 94/2024 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la cual la responsabilidad parental es una institución orientada a la protección y desarrollo integral de la niñez, y no un ámbito de dominio de madres y padres sobre sus hijos. Desde esta perspectiva, los progenitores no ejercen derechos subjetivos propios frente a las personas menores de edad, sino que desempeñan una función de interés social cuyo ejercicio debe orientarse a su bienestar.
A partir de esta premisa, el tribunal rechazó expresamente la idea de que este tipo de asuntos deba resolverse identificando quién tiene el “mejor derecho”. La cuestión relevante no consiste en determinar cuál pretensión de las personas adultas debe prevalecer, sino en identificar qué modalidad protege de mejor manera el interés superior de las niñas, niños y adolescentes involucrados.
El combate al adultocentrismo
Uno de los aspectos más interesantes de la resolución es la crítica que formula al denominado “adultocentrismo”.
El colegiado sostiene que, tradicionalmente, muchas controversias familiares se han construido a partir de parámetros definidos por personas adultas, bajo la premisa de que madres, padres o incluso las personas juzgadoras se encuentran en una posición privilegiada para determinar qué es lo mejor para la niñez, esta visión, afirma, puede invisibilizar a quienes deben ocupar el centro de la decisión jurisdiccional.
En consecuencia, la función judicial debe adoptar una perspectiva que sitúe en el centro a la persona menor de edad y que atienda a sus circunstancias particulares, sus vínculos y las necesidades derivadas de su etapa de desarrollo. Solo así puede garantizarse una protección auténtica del interés superior.
La autonomía progresiva más allá del derecho a ser escuchado
En este punto, resulta pertinente abordar el principio de autonomía progresiva, cuyo fundamento puede encontrarse en los artículos 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la tesis 1a. CCLXV/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se reconoció que niñas, niños y adolescentes son titulares plenos de derechos, cuyo ejercicio se desarrolla progresivamente conforme evolucionan sus facultades.
La autonomía no es una condición que surja repentinamente al alcanzar determinada edad, por el contrario, es un proceso dinámico y gradual mediante el cual se amplía la capacidad de autodeterminación del menor y disminuye la necesidad de que las personas adultas sustituyan sus decisiones. Este fenómeno es llamado “curva de transferencia decisional”, en la que la participación del menor se incrementa conforme evolucionan sus capacidades.
Asimismo, la autonomía progresiva no puede evaluarse únicamente a partir de la edad biológica. Su análisis exige considerar factores como el desarrollo cognitivo e intelectual, el estado emocional, el entorno social y cultural de la persona menor de edad, así como la complejidad de la decisión involucrada.
Lo relevante es que el tribunal no se limita a reiterar la doctrina desarrollada por la Suprema Corte, sino que la utiliza como punto de partida para responder una cuestión adicional: ¿cómo opera la autonomía progresiva durante la primera infancia, cuando la persona menor de edad aún no está en condiciones de formarse o expresar un juicio propio?
La principal aportación: autonomía progresiva desde la primera infancia
La autonomía progresiva no opera únicamente durante la adolescencia o en etapas en que el menor puede expresar puntos de vista propios, también rige en los primeros años de vida, incluso cuando todavía no existe una voluntad susceptible de ser escuchada.
El colegiado destacó que, cuando un niño aún carece de la capacidad para formarse un juicio propio, la protección de su interés superior no se materializa mediante su participación directa dentro del procedimiento. En tales casos, la autonomía progresiva se expresa a través de la responsabilidad parental y mediante mecanismos especializados que permitan garantizar su desarrollo conforme evolucionan sus facultades.
De esta forma, el tribunal amplía el entendimiento tradicional del principio: la autonomía progresiva deja de identificarse exclusivamente con la posibilidad de opinar o participar y se convierte, además, en un parámetro para orientar la toma de decisiones cuando la persona menor de edad todavía depende de la actuación de terceros.
La primera infancia y la ciencia del desarrollo
La resolución también destaca por incorporar elementos procedentes de la ciencia del desarrollo infantil.
El colegiado retoma referencias doctrinales vinculadas con los trabajos de Jean Piaget, John Bowlby, Mary Ainsworth y Erik Erikson, para explicar que la primera infancia constituye una etapa especialmente relevante para la formación de vínculos de apego y para el desarrollo emocional y sensoriomotor del niño.
A partir de esas consideraciones, puede concluirse que la reconstrucción de una relación con una figura parental ausente puede requerir gradualidad y condiciones de seguridad, antes que medidas inmediatas o abruptas. Por ello, tratándose de infantes de muy corta edad, los esquemas de convivencia supervisada y los mecanismos de revinculación pueden resultar más compatibles con su interés superior que la simple imposición de convivencias inmediatas.
La autonomía progresiva y la cesación de efectos
Aunque la tesis aislada se centra en la autonomía progresiva, la sentencia desarrolla un aspecto procesal relevante relacionado con la cesación de efectos en el juicio de amparo.
El tribunal sostiene que, cuando una omisión afecta derechos de niñas, niños y adolescentes, no basta una verificación formal para concluir que la conducta reclamada ha desaparecido. El análisis debe realizarse desde una perspectiva reforzada y material, compatible con el interés superior de la niñez.
Bajo ese enfoque, propone verificar al menos tres elementos: que la actuación posterior de la autoridad sea idónea para proteger el derecho del menor; que resulte real y efectiva; y que exista correspondencia material entre la medida adoptada y la protección del interés superior de la niñez.
Para el colegiado, estos requisitos se cumplían en el caso concreto, pues la autoridad familiar no solo emitió un pronunciamiento, sino que encauzó el derecho de convivencia mediante un mecanismo de revinculación diseñado específicamente para proteger al niño, atendiendo a su edad y circunstancias particulares.
Como puede advertirse, la autonomía progresiva constituye un eje central que se vincula estrechamente con la responsabilidad parental y el interés superior de la niñez, este enfoque reconoce que la protección de los derechos infantiles comienza desde las primeras etapas del desarrollo, incluso antes de que exista una voluntad susceptible de ser escuchada.
Estos razonamientos quedaron plasmados en la tesis I.10o.C.50 C (12a.) bajo el rubro: AUTONOMÍA PROGRESIVA DE LA NIÑEZ. TAMBIÉN RIGE EN LA PRIMERA INFANCIA, AUN CUANDO LA PERSONA MENOR DE EDAD TODAVÍA NO PUEDA FORMARSE O EXPRESAR UN JUICIO PROPIO.
