Versiones públicas de sentencias ¿mito o realidad?

La obligación del Poder Judicial tanto a nivel federal como local de poner a disposición de la población todas las sentencias emitidas por sus órganos jurisdiccionales originada con la reforma del 13 de agosto de 2020 a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y que entró en vigor el pasado 2 de febrero, es aún una tarea pendiente.

El decreto de reforma otorgó al Poder Judicial un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la modificación a la LGTAIP para iniciar con la difusión de versiones públicas de las sentencias emitidas por los órganos impartidores de justicia.

En este sentido hay que resaltar que ha existido un avance en el tema, sin embargo las acciones no son suficientes pues los sitios electrónicos de algunas Entidades donde se encuentran las resoluciones no cumplen con los principios de totalidad de la información, actualización, accesibilidad y protección de datos personales.

Otra problemática es que no todos los poderes dan a conocer el número total de las sentencias emitidas por sus órganos y si todas ellas son puestas a disposición del público, además hay casos en los cuales para conocer los fallos se solicitan datos muy específicos, obstaculizando así la consulta de información y evidenciando la falta de sensibilidad para hacer más sencillo el acceso a esta.

Finalmente, si bien las sentencias son publicadas en sitios web se deben considerar mecanismos alternativos para conocerlas ya que algunos grupos no tienen acceso a Internet generándose así un obstáculo para ejercer su derecho de acceso a la información.

Esta reforma ya se encuentra disponible para su consulta desde su plataforma Checkpoint.

Leslie Barrera
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