Análisis Jurisprudencial

Disposiciones para suspensión en juicio de amparo en materia ambiental

La suspensión en el amparo es una figura base, los requisitos para otorgarla se encuentran detallados en la ley, sin embargo, existen situaciones y temas como el ambiental en donde además hay que tomar en cuenta diversos criterios y ordenamientos para concederla.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio al respecto, donde estableció cómo se integra el parámetro de control constitucional en la suspensión del amparo en materia ambiental.

Antecedentes

Esta decisión tiene su origen en un asunto donde población del estado de Durango promovió un juicio de amparo indirecto por la construcción de un puente elevado debido a afectaciones ambientales relativas a la remoción o tala de árboles en un tramo de un parque lineal, solicitando la suspensión de los actos reclamados.

Al respecto, se negó la medida solicitada pues la persona juzgadora consideró que la parte quejosa no contaba con el interés legítimo puesto que sólo se ostentaron como ciudadanos de la ciudad de Durango, sin hacer valer una calidad específica que los sitúe frente a los actos reclamados de manera especial o diferente, y tampoco exhibió constancia alguna que acreditara un daño inminente e irreparable que pueda causarle la ejecución de la obra. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Suspensión en materia ambiental

Antes de conocer el criterio que deben adoptar los juzgadores en este tipo de situaciones, hay que abordar algunos aspectos importantes, para empezar se debe destacar que para la suspensión del amparo en asuntos con esta naturaleza, los principios precautorios, preventivo e in dubio pro natura, se erigen como un componente esencial.

En ese sentido, se puede decir que la justicia medio-ambiental es un componente necesario del modelo de democracia constitucional, ya que este derecho se ha convertido en una norma jurídica suprema.

En nuestro sistema jurídico, este se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), además en el precepto 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y adicionalmente la Opinión Consultiva 23/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoció al medio ambiente como un derecho humano justiciable a nivel internacional.

Ahora bien, una vez establecido lo anterior, puede entenderse que el juicio de amparo como herramienta de protección no puede mantenerse estático sino adecuarse a la realidad, es por ello que la SCJN consideró que debe ajustarse a las exigencias de los estándares internacionales en materia de justicia medioambiental.

Es decir, la suspensión en el amparo indirecto no solo se regula por los artículos 103 y 107 de la CPEUM  y la Ley de Amparo, sino también por tratados como es el Convenio de Escazú, adoptado por el Estado mexicano y publicado en el DOF en 2021, el cual tiene entre sus objetivos eliminar las barreras de acceso a la justicia medioambiental y la obligación de establecer medidas facilitadoras para acceder y hacer efectiva la función judicial.

En ese orden de ideas, el artículo 8 de aquel convenio que regula el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales cobra relevancia, ya que entre otros aspectos resalta que se debe asegurar el acceso a los tribunales para controvertir cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental, con la participación pública en procesos de toma de resoluciones y cualquier medida que pueda contravenir normas jurídicas relacionadas con este tema.

Adicionalmente, ese precepto en su numeral 3, incisos c) y d) establecen que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos de este tipo se debe reconocer la legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional, así como la posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente.

Por último, el numeral 4, inciso a) establece la obligación de facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, por lo que deberán establecerse medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho a la justicia.

Finalmente, como se reconoció al principio de este apartado, tanto las normas convencionales como los principios esenciales en esta materia son la base para otorgar la suspensión, estos postulados consisten en:

  • Principio preventivo: Obliga a la autoridad de amparo para que, al momento de resolver sobre la suspensión, observe que en caso de peligro medioambiental, la ausencia de información o certeza científica no es sustento para evadir una decisión para impedir ese posible daño.
  • Principio de prevención: Obliga a la autoridad judicial a dar prioridad a la atención de las causas y fuentes de los posibles daños medioambientales, para evitar la consumación del daño y no relegar la resolución del problema a la reparación de los efectos perjudiciales.
  • In dubio pro natura: Consiste en la obligación de los jueces de amparo de considerar al momento de resolver sobre la suspensión la regla de que, en caso de duda, se debe favorecer la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales.

Por lo anterior, la SCJN concluyó que la suspensión en el amparo indirecto en materia medio ambiental debe regirse por las disposiciones propias del juicio y además integrarse al parámetro de control constitucional que regula dicha institución las normas convencionales que consagran los principios del derecho medioambiental, destacando el llamado Acuerdo de Escazú.

Estos razonamientos quedaron plasmados en la tesis número 1a./J. 193/2023 (11a.) bajo el rubro: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. EL PARÁMETRO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE INTEGRA CON EL TEXTO CONSTITUCIONAL, LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CONVENIO DE ESCAZÚ) Y LAS NORMAS CONVENCIONALES APLICABLES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.

Fuente: Checkpoint.

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts