Admiten acciones de inconstitucionalidad contra reforma electoral y avanza segunda parte del Plan B
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las acciones de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social (LCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), presentadas por integrantes del Congreso de la Unión y diversos partidos políticos.
Al respecto, el ministro Alberto Pérez Dayán otorgó la suspensión para que estas reformas no se apliquen en los procesos electorales que están en curso en Coahuila y Estado de México, lo anterior por las siguientes razones:
- Contiene modificaciones legales fundamentales.
- El decreto se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo, fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
- De no concederse la suspensión, podría tener consecuencias que afecten sensiblemente al sistema democrático y derechos fundamentales relacionados.
Segunda parte del Plan B
Por otro lado, el Senado aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra, el dictamen de reforma que contiene modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); Ley General de Partidos Políticos (LGPP); Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Al respecto, los legisladores acordaron dejar en sus términos lo avalado en diciembre de 2022.
En ese sentido, la llamada “cláusula de vida eterna” propuesta en la iniciativa, en específico el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que permitiría la transferencia de votos de los partidos mayoritarios a los minoritarios no fue incluida, quedando fuera de lo aprobado.
Finalmente, el dictamen fue turnado al Ejecutivo para su publicación y con ello se culminaría con lo referente a la reforma electoral, sin embargo, lo aprobado tiene aspectos muy delicados y debatibles, por lo que será sin duda objeto de acciones de inconstitucionalidad.
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