¿Qué hace autoaplicativa a una ley? La evolución del concepto a la luz del interés legítimo

La regulación de las estancias turísticas eventuales en la Ciudad de México es un tema que ha tenido  gran impacto, incluso en materia jurisdiccional. Recientemente, al resolver el amparo en revisión 279/2025, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que la concepción actual de las leyes autoaplicativas debe interpretarse a la luz del interés legítimo y del derecho de acceso a la justicia, planteando una lectura evolutiva de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales.

El origen del litigio

La controversia surgió a partir de las reformas publicadas en 2024 a la Ley de Turismo de la Ciudad de México y a su reglamento, mediante las cuales se reguló la figura de las estancias turísticas eventuales comercializadas a través de plataformas digitales. Entre otras obligaciones, el nuevo régimen creó el denominado Padrón de Anfitriones e impuso requisitos de registro a quienes ofrecieran inmuebles para este tipo de hospedaje.

Los promoventes del amparo acreditaron ser copropietarios de un inmueble utilizado para la prestación de servicios de estancia temporal y argumentaron que las nuevas disposiciones afectaban desde su entrada en vigor derechos relacionados con la propiedad, la privacidad y la libertad de comercio.

Sin embargo, el juzgado de distrito sobreseyó el juicio al considerar que aún no existía una afectación actual. A su juicio, las autoridades todavía contaban con un plazo para desarrollar los sistemas electrónicos necesarios para operar el padrón, posteriormente los anfitriones dispondrían de un periodo adicional para registrarse. Adicionalmente, el juez determinó que los quejosos no demostraron estar inscritos en dicho registro. Contra esa decisión interpusieron recurso de revisión.

La pregunta jurídica de fondo

En este caso, el juzgado sostuvo que las normas que se reclamaron por las quejosas no se volvían obligatorias de facto, sino que tal obligatoriedad se encontraba supeditada a la creación e implementación de los sistemas respectivos para que se pudiera llevar a cabo el cumplimiento de lo ahí ordenado.

Bajo ese contexto, la parte quejosa considero que, desde antes de la creación de los Padrones correspondientes se generó un régimen de obligaciones que abarcan, por ejemplo, la observancia de la normativa en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, así como de obligaciones fiscales diversas.

Por lo anterior, el tribunal analizó si lo argumentado por el juzgado era correcto o  si con la sola entrada en vigor de los actos reclamados se generó una afectación a los derechos a la privacidad y al comercio, entre otros.

Para responder esta pregunta, el Tribunal decidió apartarse de un análisis estrictamente formal y desarrollar dos apartados que constituyen el núcleo de la sentencia: la evolución del interés legítimo y la evolución de los criterios de identificación de las leyes autoaplicativas.

La evolución del interés legítimo

El interés legítimo es un concepto estrechamente vinculado con el derecho de acceso a la justicia y cuya evolución ha ampliado progresivamente las posibilidades de control constitucional.

Esta figura se ha desarrollado por diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han ampliado su aplicación, un ejemplo son los siguientes casos:

• Afectaciones colaterales o indirectas en donde el acto no sólo afecta a los titulares de un derecho subjetivo público (interés jurídico) sino que afecta los derechos de manera colateral (interés jurídico indirecto o interés jurídico colateral) un ejemplo de ello es la clausura de un establecimiento mercantil en donde se ve afectado no solo el titular de la licencia o propietario sino también los trabajadores.
• Casos en los que el quejoso necesita obtener una sentencia de fondo que defina si su pretensión se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho o libertad fundamental que estima afectada.

Una muestra de este supuesto es la prohibición legal que existía de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.  En estos casos, para definir si se actualiza o no el interés jurídico o legítimo del quejoso, debe resolverse en forma previa sobre el alcance del derecho fundamental (derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada y familiar, etcétera) que se estima violado, con el objeto de determinar si el quejoso entra o no en su ámbito de protección.

• Afectaciones previsibles, potenciales o inminentes, en estos supuestos el  interés legítimo quedará acreditado si del análisis de la demanda, anexos y pruebas es razonable considerar que la norma reclamada (desde su entrada en vigor) genera una afectación previsible que incide potencialmente en la esfera jurídica del quejoso de manera directa o indirecta, de manera que para la procedencia se requiere acreditar que el sujeto será afectado en atención a la existencia de indicios razonables que  permiten establecer en forma anticipada la incidencia de aquéllos sobre la esfera jurídica del promovente.

En estos supuestos, si el juzgador desecha o sobresee y obliga a que el promovente demuestre el perjuicio individualizado,  se obliga de forma injustificada a que el particular soporte una privación, molestia o restricción que puede ser irreparable  y que pudo haberse evitado mediante la promoción oportuna del juicio de amparo.

• Defensa de intereses colectivos relacionados con el objeto social de asociaciones civiles, en ese tipo de asuntos, se reconoce interés legítimo a las asociaciones civiles ante actos de autoridad, omisiones y leyes que afecten directamente o no, la esfera jurídica de la asociación civil, pero que afectan o restringen un derecho fundamental que ésta tiene por finalidad proteger.

Un ejemplo son las asociaciones que tienen por objeto la protección la salud de los consumidores, a las cuales se les ha reconocido el interés para reclamar actuaciones administrativas  en caso de etiquetado de alimentos.

A partir de esta reconstrucción, puede concluirse que  el interés legítimo no puede entenderse como una categoría estática, sino como un instrumento destinado a evitar que formalismos procesales impidan el acceso a la justicia constitucional.

La evolución de las leyes autoaplicativas

Además del interés, la evolución de los criterios utilizados por la Suprema Corte para identificar cuándo una ley puede considerarse autoaplicativa son elementos centrales para la resolución del caso, por lo cual el Tribunal abordó algunos de ellos.

En primer término, retoma el criterio clásico de la individualización incondicionada, conforme al cual una norma es autoaplicativa cuando desde su entrada en vigor genera efectos jurídicos vinculantes y obligaciones concretas en forma incondicionada.

Si bien este criterio, plasmado en la tesis P./J. 55/97 es sumamente relevante, no es el único, la SCJN  ha emitido diversos razonamientos en relación con las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas.

Otro de ellos se refiere a los sistemas normativos complejos, en donde es difícil establecer si su articulado es de aplicación condicionada o incondicionada. En estos casos debe atenderse al núcleo esencial de la estructura, si este nace en la vinculación de los justiciables al acatamiento del cuerpo legal sin mediar condición alguna, debe considerarse que todo el esquema es de carácter autoaplicativo.

El tercer criterio abordado consiste en la existencia de afectaciones previsibles o potenciales, en este supuesto, la norma reclamada desde su entrada en vigor genera una afectación previsible que incide potencialmente en la esfera jurídica del quejoso de manera directa o indirecta, y para la procedencia del juicio sólo se requiere acreditar el carácter de destinatario o sujeto afectable por los actos reclamados en atención a los indicios.

Finalmente, el cuarto supuesto aborda aquellos casos en los que la norma incorpora a una categoría identificable de personas dentro de un nuevo contexto normativo que transforma sustancialmente su situación jurídica frente al Estado o frente a terceros desde el inicio de su vigencia.

Un ejemplo es la tesis P./J. 70/2005, en donde el tribunal al resolver lo relativo a la constitucionalidad de la Ley Federal de Protección al Consumidor (14 de junio de 2005), determinó que las normas reclamadas resultaban de carácter autoaplicativo, por establecer disposiciones tendentes a regular los contratos relacionados con el fraccionamiento, construcción, promoción, asesoría o venta al público de casa habitación o tiempo compartido.

Consideró que para impugnar esas normas  mediante el juicio de amparo basta que una persona demuestre la calidad de proveedor y que se dedica a las indicadas actividades para evidenciar que se encontraba obligada automáticamente desde su vigencia.

De esta manera, la distinción tradicional entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas debe interpretarse conjuntamente con la evolución del interés legítimo, la tutela judicial efectiva y la existencia de afectaciones potenciales o previsibles en la esfera jurídica de los gobernados.

La aplicación al caso concreto

Con base en esta construcción, el tribunal revocó el sobreseimiento.

Se concluyó que el sistema normativo que regula las estancias turísticas eventuales proyecta consecuencias jurídicas desde su entrada en vigor sobre quienes son propietarios o poseedores de inmuebles susceptibles de destinarse a esa actividad, pues impone requisitos, registros, restricciones y posibles consecuencias jurídicas que inciden directamente en el uso y aprovechamiento económico de esos bienes.

Ejemplo de ello es que esa reforma les impone, entre otras, la obligación de inscribir el inmueble o inmuebles que pretendan destinar a dicha actividad turística en el “Padrón de Anfitriones”; registro que cuenta con una vigencia anual y que constituye un requisito sine qua non para la legal prestación de la actividad turística.

Por ello, consideró incorrecto exigir que los promoventes esperaran la puesta en operación de las plataformas tecnológicas o acreditaran previamente su inscripción en el Padrón de Anfitriones para reconocerles interés legítimo.

A juicio del colegiado, la sola acreditación de la propiedad o posesión legal del inmueble bastaba para demostrar una posición jurídica cualificada frente al nuevo régimen normativo y, por tanto, para acceder al juicio de amparo.

Pues para poder reclamar la afectación a sus derechos   como el uso, disfrute y disposición del bien, por lo que resulta innecesario demostrar participación activa en dichas plataformas, máxime que cualquier persona puede incorporarse a ellas en el momento que sea, incluso después de promovido el juicio.

Implicaciones

Aunque el asunto surgió en el contexto de la regulación de plataformas de hospedaje temporal, su alcance puede extenderse a otros ámbitos regulatorios.

La sentencia sugiere que la procedencia del amparo contra normas generales debe analizarse considerando no sólo la existencia de obligaciones formalmente exigibles, sino también la incorporación del particular a un régimen jurídico que genere una afectación constitucional relevante, diferenciada o potencialmente lesiva.

Su principal aportación consiste en desplazar el eje del análisis frente a afectaciones constitucionales previsibles, reforzando así el acceso a la justicia en el juicio de amparo.

Bajo esta lógica, el interés legítimo opera como un criterio de reinterpretación de la autoaplicatividad, pues permite reconocer que la procedencia del amparo se justifica cuando una norma genera una incidencia relevante en la posición jurídica del promovente, aun cuando algunos de sus efectos dependan de actuaciones futuras.

En otras palabras, la pregunta deja de ser únicamente si la norma ya produjo una obligación individualizada y pasa a centrarse en si ya colocó al gobernado en una situación de afectación real, potencial o razonablemente previsible.