Prisión preventiva oficiosa es revisable: SCJN

El pasado 9 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 315/2021, determinó que una vez transcurrido el plazo de dos años de decretarse  la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los órganos jurisdiccionales pueden pronunciarse sobre el cese de esta o bien su prolongación.

La figura de la prisión preventiva es una de las más controversiales en nuestro sistema penal, por ser contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros instrumentos internacionales, pues vulnera el principio de presunción de inocencia.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha abordado este tema en diversas ocasiones, un ejemplo es el Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs Chile, en donde se estableció de manera clara las características que debe tener la prisión preventiva, a saber:

  • Es una medida cautelar y no punitiva, es decir, debe buscar uno o varios fines legítimos y que estos se encuentren relacionados con el proceso penal en cuestión. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena.
  • Debe fundarse en elementos probatorios suficientes, ya que tendrán que existir elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga.
  • Debe estar sujeta a una revisión periódica, ya que no puede prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. Al realizar esta evaluación se debe valorar si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de esta figura, así como si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe.

En ese orden de ideas, la SCJN concluyó que la prisión preventiva en cualquiera de sus modalidades representa una restricción profunda al derecho a la libertad de los imputados. Además, detalló que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, razón por la cual además de ser impuesta de manera excepcional debe ser revisable.

Además, la sala precisó que, si una vez realizada la revisión el órgano jurisdiccional estima que esta medida debe prolongarse, la decisión del juzgador tendrá que estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente.

Si bien esta decisión es un paso importante, no resuelve el problema de raíz, ya que aun y cuando la  prisión preventiva oficiosa sea sujeta a revisión y pueda determinarse su conclusión, dicha medida sigue siendo contraria a lo previsto en el artículo 7.3 de la CADH, pues recordemos que para imponerla se deben tomar en cuenta diversos factores; en ese sentido, la Corte IDH ha sostenido de manera reiterada que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. Además, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto.

 

Fuente: Sesión del Pleno de la SCJN de 09 de febrero de 2022

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts