¿Qué pasaría si el INAI desaparece?
Recientemente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que buscará la desaparición de diversos organismos constitucionales autónomos a través de una “reforma administrativa”, debido a que estos, desde su percepción, requieren un uso excesivo de recursos públicos.
Esta propuesta trajo consigo diversas críticas; sin embargo, el tema sigue en el tintero. En el caso específico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) parece que el “peligro es latente”, pues los últimos días, el sector privado ha unido fuerzas para evitar que este organismo desaparezca.
Por lo anterior, resulta necesario efectuar un análisis sobre las repercusiones que tendría el eliminar al INAI.
Entre los resultados más preocupantes al desaparecer ese instituto, se encuentran los siguientes riesgos:
- Concentración del poder. El desaparecer el INAI y transferir sus facultades y atribuciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), significaría la concentración del poder público. Esto resultaría contradictorio con su naturaleza e historia, pues recordemos que el INAI –antes IFAI– nació como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), y ante la necesidad y exigencia de la sociedad de contar con un ente sin “ataduras” –y que fomentara la transparencia– se dio paso a la transformación de este en un organismo autónomo.
Además de lo anterior, se debe hacer énfasis en que la protección del derecho de acceso a la información pública no quedaría en manos de un órgano independiente y autónomo, sino a expensas del Poder Ejecutivo. Esto traería consigo un sesgo en la información a la que la ciudadanía tendría acceso, lo que dificultaría conocer el verdadero actuar de los poderes públicos y de quiénes los integran.
- Corrupción y opacidad. Otro de los resultados negativos sería la creación de un ambiente idóneo para un aumento en casos de corrupción y opacidad en la información. Ello, pues el gobierno en turno, al tener el control en materia de transparencia y rendición de cuentas, tendría amplia discrecionalidad para decidir a qué información puede dar acceso a los ciudadanos y a cuál no.
- Afectación a los Derechos Fundamentales. Esta medida representaría un “efecto dominó” en la vulneración de derechos, debido a que el acceso a la información, la privacidad y la protección de los datos, son necesarios para el ejercicio de otros derechos. Además, se violentaría el principio de progresividad en materia de protección de Derechos Humanos, el cual no solamente se encuentra consagrado en nuestra Constitución federal, sino también en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.
- Retroceso y amenaza a la democracia. Los organismos constitucionales autónomos no son invenciones sin fundamento o caprichos. Estos entes son resultado de la exigencia de la sociedad para conocer el estado del país; saber cómo actúan los diversos actores públicos; a estar informados sobre cómo son ejercidos los recursos públicos y para qué son utilizados, así como para evitar los abusos del poder y las arbitrariedades.
- Viabilidad de la propuesta. Esta medida resultaría violatoria de diversos artículos constitucionales, entre ellos el 1, 6 y 16, además de ser sumamente problemática en la práctica, debido a que, al transferir las atribuciones del INAI a la SFP, esta última únicamente tendría facultades en el caso de los sujetos obligados que dependan de la administración pública federal.
Ahora bien, la autonomía de estos organismos está otorgada constitucionalmente, de manera que sería necesaria una reforma a la Constitución federal para hacer realidad esta propuesta, lo que representaría buscar la aprobación no únicamente del Congreso de la Unión, sino también de la mayoría de los congresos locales, lo que sería poco probable.
El INAI, junto con otros organismos constitucionales autónomos, forma parte del sistema de pesos y contrapesos con los que cuenta el Estado mexicano. En específico, ese instituto juega un papel fundamental en la vida democrática del país, debido a que se trata de una herramienta que ayuda a transparentar la actuación de los poderes públicos y sus instituciones, además de procurar y velar por la protección de los datos personales. Es por ello por lo que resultaría contradictorio que, en materia de transparencia, el Poder Ejecutivo fuera “juez y parte”.
Es claro que el INAI tiene diversos temas en los cuales necesita mejorar. Sin embargo, el pretender eliminarlo por motivos de “austeridad” sería un grave error, pues considero que esa medida no es una respuesta adecuada y viable al problema de la falta de recursos de la actual administración.
Por último, su “fusión” con la SFP significaría concentrar el poder y estar a expensas del Poder Ejecutivo; afectar la democracia, así como retroceder en materia de transparencia y de protección de derechos.
