Estados de cuenta certificados por contador y la prescripción de la acción

Los estados de cuenta certificados por contadores y su uso en juicios como títulos ejecutivos es común por la presunción legal que trae aparejada, pero acaso estos ¿pueden interrumpir la prescripción de una acción?

Esta pregunta fue resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la contradicción de tesis número 470/2019, en donde Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron criterios distintos acerca del alcance probatorio que tienen estos documentos para interrumpir la prescripción de una acción.

Estado de cuenta certificado

El artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) establece que los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

Además, ese precepto precisa los requisitos que debe tener este documento y detalla que dichos estados harán fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios.

Este numeral ha sido analizado jurisprudencialmente por el máximo tribunal y concluyó que no violenta el derecho de los acreedores de equidad procesal e igualdad de las partes, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), ya que hay posibilidades para la defensa.

No obstante lo anterior, en el presente caso se debe analizar si estos derechos de la parte deudora se ven vulnerados o no, al considerar que los estados certificados tienen alcance probatorio para interrumpir la prescripción del crédito promovido por el deudor.

Carga de la prueba en la prescripción

La SCJN ha determinado que los documentos a los que la ley concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción. Es decir, si quien promueve es el acreedor, estos documentos presentados son elementos que hacen prueba plena y en caso de que el deudor oponga una excepción para destruir la eficacia de esto, le correspondería la carga de la prueba.

Sin embargo, cuando la parte deudora mediante demanda principal o en reconvención alega la prescripción de la deuda, no puede aplicarse lo antes descrito toda vez que se trata de un hecho negativo, del que no cuenta con las probanzas relativas para constatar que contrario a lo que afirma la parte acreedora no efectuó los pagos al crédito que aduce su contraparte sí realizó.

Además la negativa del acreedor trae consigo la afirmación referente a que la parte deudora sí realizó los pagos en el periodo que se alegó operó la prescripción, siendo aplicable la excepción prevista en el artículo 1195 del Código de Comercio (CCOM).

En ese orden de ideas, es la parte acreedora quien debe probar sus dichos, sobre todo si se trata de una institución crediticia que cuenta con toda la información y documentos que pudieran comprobar el pago del deudor.

Pensar en sentido diverso provocaría una ruptura en los derechos de igualdad y equidad procesal, pues el deudor se encontraría imposibilitado para probar que no llevó a cabo los pagos relativos.

Por lo anterior, la SCJN determinó que a pesar de que el artículo 68 de la LIC consideran al  contrato de crédito y el estado de cuenta certificado por contador en forma conjunta conforman un título ejecutivo y se determina que hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, tratándose de la denuncia de prescripción de la acción, tal prerrogativa no es suficiente, toda vez que la información contenida en el estado de cuenta certificado por contador no colma el extremo de comprobar que con lo ahí plasmado pueda desmentirse el decir del deudor referente a que en el periodo relativo no efectuó pagos al crédito.

Se concluye entonces, que los estados de cuenta certificados por contador no tienen el alcance probatorio para interrumpir la prescripción de la acción.

Estos razonamientos quedaron plasmados en la tesis número 1a./J. 5/2022 (11a.) bajo el rubro: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU INTERRUPCIÓN, NO TIENEN ALCANCE PROBATORIO LOS ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS POR CONTADOR.

 

Fuente: Checkpoint.

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts