A 10 años de las reformas en materia de Derechos Humanos y amparo

Las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011 significaron un cambio de paradigma en la protección de los Derechos Humanos. A 10 años de su publicación es necesario realizar un balance respecto al cumplimiento y avances que se han tenido.

Estas modificaciones tuvieron su origen en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tomando gran relevancia el caso Radilla Pacheco vs. México, el cual dio pie a una transformación normativa que tuvo como resultado la reforma en comento, marcando un antes y un después en la impartición de justicia mexicana.

El juicio de amparo como el medio de control constitucional por excelencia, tuvo grandes cambios, entre lo que destaca lo siguiente:

  • Se amplió la protección de este medio a los Derechos Humanos reconocidos por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.
  • El interés de parte agraviada se vio robustecido por la integración del interés legítimo individual o colectivo.
  • Se incluyó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como excepción al principio de relatividad de las sentencias.
  • Se estableció de manera expresa la posibilidad de interponer un juicio de amparo en contra de omisiones de las autoridades.
  • Integración de la figura del amparo adhesivo.
  • Dentro de la suspensión del acto reclamado se incluye el principio de la apariencia del buen derecho.
  • Creación de los Plenos de circuito
  • Integración de una nueva forma de jurisprudencia “por sustitución”.

Estas grandes modificaciones en materia de amparo vinieron acompañadas de otras tantas en materia de protección de Derechos Humanos como el principio pro persona, la interpretación conforme, el parámetro de regularidad constitucional, los cuales tuvieron como resultado el inicio de la décima época en el Semanario Judicial de la Federación (SJF).

Ante esta situación, se hizo necesario que las autoridades tomaran una nueva postura frente a la defensa y protección de los derechos; los órganos jurisdiccionales tuvieron que modificar la forma de analizar y resolver los asuntos que ante ellos se presentan.

Como se puede apreciar, la reforma trajo consigo varios instrumentos que son de gran importancia y que son imprescindibles hoy en día, como muestra de esto basta mencionar el impacto que ha tenido el interés legítimo y el aumento de la doctrina jurisprudencial en beneficio de la protección de los Derechos Fundamentales, sin embargo hay algunas deficiencias, un ejemplo es la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual es una herramienta poco eficaz para cumplir su cometido por la dificultad que implica su proceso.

Algunos temas por momentos parecen ser letra muerta, pues no se llevan a cabo en la realidad, lo cual ha desencadenado una crisis generalizada en materia de protección de los Derechos Humanos, la cual vivimos desde hace ya varios años, y es que si bien en el papel se cuenta con varios mecanismos y garantías para protegerlos, irónicamente en la realidad hay una deficiencia por parte de las autoridades para cumplir con sus obligaciones, fruto de una ineficaz implementación de la reforma, de la falta de capacitación de algunas autoridades en el tema y la aplicación de políticas públicas con objetivos pocos claros en ciertos casos.

Aunado a lo anterior y ante la acelerada evolución que vivimos como sociedad, se hace necesario llevar a cabo adecuaciones normativas en el amparo, repensar algunos de sus principios y hacer más accesible esta figura emblemática de la justicia mexicana.

Finalmente, hay que reflexionar acerca de lo que no se está haciendo bien y de lo que se puede mejorar. Reconocer la deficiencia en temas como la salud, violencia política y de género, protección a grupos vulnerables, entre otros, es clave para tomar las medidas necesarias, pues de nada sirve tener cambios o reformas que sean un hito si nada o poco de ellas se hace realidad.

Leslie Barrera
Legal Editor en | + posts