Juicio político bajo control judicial; SCJN delimita facultades legislativas
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo en Revisión 91/2024, estableciendo que el juicio de amparo es procedente para controlar actos legislativos que invaden competencias reservadas a otros poderes y afectan directamente derechos fundamentales.
¿Qué originó la decisión?
El caso surgió cuando el Congreso de San Luis Potosí resultado de un juicio político inhabilitó por 18 años a un servidor público por el supuesto incumplimiento de una suspensión de amparo, ante esta situación, el quejoso presentó una demanda de amparo en donde argumentó que se vulneró su derecho al debido proceso legal y los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes, al invadir atribuciones del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un primer momento, se le otorgó la protección constitucional, posteriormente se interpusieron recursos de revisión, los cuales fueron atraídos por la SCJN para su análisis.
Conclusión de la Corte
En su estudio, la Primera Sala de la SCJN se centró en determinar si el Congreso de San Luis Potosí excedió sus facultades al sancionar a un servidor público por el supuesto incumplimiento de una suspensión de amparo, función que corresponde exclusivamente al PJF.
En ese sentido, se enfocó en dos ejes:
- Violaciones procesales: Se concluyó que el procedimiento vulneró el derecho de defensa y debido proceso al identificarse diversas irregularidades, tales como la omisión de notificación personal de acuerdos y resoluciones relevantes, la falta de calificación y desahogo de pruebas ofrecidas, así como la ausencia de pronunciamiento sobre excepciones planteadas.
- Invasión de competencias: Se destacó que el Congreso local asumió indebidamente la función de valorar el cumplimiento de una suspensión de amparo, cuando solo el juez federal puede hacerlo mediante el incidente de incumplimiento previsto en la Ley de Amparo.
La Corte concluyó que esta invasión vulneró la división de poderes, la independencia judicial y los derechos fundamentales del sancionado.
Efectos de la sentencia
Ante este panorama, la Sala modificó la sentencia de origen y concedió el amparo, ordenando dejar sin efectos la resolución del juicio político y emitir una nueva que declare improcedente la sanción por no actualizarse los supuestos legales.
Este precedente confirma que el amparo es la vía idónea para proteger a cualquier persona frente a actos de autoridad que, al invadir competencias reservadas a otro poder, afectan los derechos humanos.
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