De la reforma constitucional a la ley reglamentaria: el camino pendiente de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos
La reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, representó uno de los cambios más relevantes en el reconocimiento de derechos en México.
El artículo 2o. constitucional reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
No obstante, la implementación integral de la reforma sigue pendiente, el artículo tercero transitorio del decreto estableció que el Congreso de la Unión debía expedir una ley general en la materia y armonizar el marco jurídico correspondiente dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Dado que el decreto entró en vigor el 1 de octubre de 2024, el plazo concluyó a finales de marzo de 2025.
A pesar de ello, la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos aún no ha sido presentada ante el Congreso de la Unión.
El proceso de elaboración de la iniciativa
En cumplimiento del mandato constitucional, durante 2025 y 2026 se elaboró una propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuyo objetivo es desarrollar los derechos reconocidos en la reforma constitucional.
La iniciativa contempla disposiciones relacionadas con la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos; el reconocimiento a su personalidad jurídica; los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado; los sistemas normativos indígenas; la protección del patrimonio cultural y de los conocimientos tradicionales; así como mecanismos de participación política y acceso a recursos públicos.
Debido al impacto que la futura legislación tendrá sobre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el proyecto fue sometido a un proceso nacional de consulta, en observancia de los principios de participación y consulta reconocidos por el marco jurídico constitucional e internacional.
La consulta nacional
El 29 de junio de 2026 se publicó la convocatoria y el protocolo para la Consulta Nacional sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Posteriormente, el 22 de julio de 2026 se dieron a conocer las sedes y fechas de las asambleas regionales que permitieron recoger observaciones, propuestas y planteamientos de los pueblos y comunidades participantes.
La consulta constituye una de las etapas centrales del proceso, pues es el mecanismo mediante el cual debe garantizarse la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la elaboración de una legislación que incidirá directamente en el ejercicio de sus derechos colectivos.
En este contexto, la elaboración de la ley también ha abierto el debate sobre los alcances de consentimiento libre, previo e informado y su interacción con proyectos públicos y privados desarrollados en territorios indígenas y afromexicanos. Este debate ha puesto de relieve la necesidad de precisar diversos conceptos y mecanismos de implementación, a fin de brindar certeza jurídica tanto a las comunidades como a los sectores productivos que desarrollan actividades en esos territorios.
El ajuste al calendario de presentación
Concluidas las principales etapas de consulta, se preveía que la iniciativa fuera remitida al Congreso de la Unión durante el segundo semestre de 2026.
Sin embargo, el Ejecutivo Federal anunció que se aplazaría el envío del proyecto, con el propósito de ampliar el diálogo con las comunidades y continuar incorporando observaciones derivadas del proceso consultivo.
En consecuencia, la expedición de la ley general permanece pendiente, a pesar de que el plazo previsto en el régimen transitorio de la reforma constitucional concluyó hace más de un año.
La tensión entre el plazo constitucional y el proceso de consulta
Desde esta perspectiva, el retraso legislativo evidencia las dificultades de armonizar los tiempos previstos con los procesos participativos necesarios para dotar de legitimidad a la nueva legislación. Esta norma busca desarrollar uno de los cambios constitucionales más relevantes de las últimas décadas en materia de derechos colectivos.
Perspectivas y retos pendientes
La relevancia de la futura ley va más allá de la expedición de un nuevo ordenamiento, la legislación será determinante para definir cómo operarán, en la práctica, figuras incorporadas por la reforma constitucional, entre ellas: el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, los mecanismos de consulta y consentimiento, la protección de los conocimientos tradicionales, la administración de recursos públicos, y la relación entre los sistemas normativos indígenas y las instituciones del Estado.
A dos años de la reforma constitucional, el reconocimiento de estos derechos ya forma parte del texto constitucional. No obstante, la consolidación del nuevo modelo jurídico todavía depende de la aprobación de la ley general que traduzca esos principios constitucionales en mecanismos concretos de implementación.
Valora este contenido
¡Lamentamos que este contenido no te haya sido útil!
¿Cómo podemos mejorarlo?
Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
- Leslie Barrera
