Análisis Jurisprudencial

Publicaciones en redes sociales, ¿son penas infamantes en el juicio de amparo?

Las publicaciones en las redes sociales y plataformas digitales son comunes en la actualidad, sus usos son diversos, sin embargo en algunos casos estas pueden afectar los derechos de las personas, por lo cual tales situaciones han sido motivo de estudio por los tribunales.

En el caso del juicio de amparo surge un cuestionamiento sobre el tema: ¿estás pueden ser consideradas como penas infamantes para que sea procedente la suspensión de plano?, esta pregunta fue analizada por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

Antecedentes

Esta decisión tuvo su origen en la contradicción de tesis 193/2023, donde tribunales colegiados resolvieron en diferentes sentidos dos recursos de queja interpuestos en contra de la resolución dictada por una Juzgadora Federal en la que determinó la improcedencia de la suspensión de plano para paralizar los efectos y consecuencias de publicaciones de mensajes y videos en redes sociales, que la parte promovente consideró equiparables a las penas infamantes prohibidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Un órgano reconoció fundado el recurso, al considerar que esas publicaciones son equiparables a las penas infamantes, por lo que procedía el otorgamiento de la suspensión de plano, mientras que el otro declaró infundado el recurso con base en que dichos actos no son ni se equiparan a las penas infamantes referidas.

Suspensión de plano en el juicio de amparo

El artículo 126 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LAMP) establece que:

La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

(Énfasis añadido.)

Como se puede observar, para que sea procedente este tipo de suspensión, es necesario que los actos reclamados se encuentren entre los enlistados por el numeral, entre ellos las penas infamantes.

Penas infamantes

El artículo 22 de la CPEUM detalla que:

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo en revisión 13/2008 analizó el origen de las penas infamantes, las cuales se remontan al derecho romano, en donde se consideraba como la ‘degradación del honor civil’, pues consistía en la pérdida de reputación o descrédito del ciudadano afectando la vida jurídica y social de este.

En nuestro país, tienen su origen en el tribunal de la inquisición y su finalidad era la exhibición de la persona condenada ante la comisión de un delito, se buscaba complementar a través del escarnio público una diversa sanción como por ejemplo los azotes.

Estas penas se mantuvieron en el México independiente y fue hasta la Constitución de 1857 que se prohibieron, dicha determinación se encuentra prevista en la actual Carta Magna.

Estas penas se han dado como una sanción impuesta por la autoridad en donde se exhibe a la persona públicamente por la comisión de una conducta ilícita.

Es decir, lo establecido en el artículo 22 de la CPEUM, consiste en la prohibición al poder punitivo del Estado de imponer penas infamantes, entendidas como aquellas sanciones aplicables a la comisión de actos ilícitos, en las que se emplea el escarnio social con el objetivo de mermar y denigrar la reputación y la honra de la persona condenada.

Publicaciones en redes sociales, ¿son penas infamantes?

Bajo la interpretación desarrollada, las expresiones reclamadas consistentes en publicaciones por redes sociales no podrían considerarse penas infamantes, ni equiparables a estas, pues para que sea así, deberían cumplirse ciertos elementos:

  • Conducta contraria a la ley.
  • El desarrollo de un procedimiento en el cual se verifique la realización de los actos que se consideraron contrarios a la ley.
  • La determinación en la que se resuelva el procedimiento con el que se le haya encontrado responsable a la persona de la comisión de la conducta ilícita.
  • Que una autoridad jurisdiccional competente le haya impuesto como parte de la sanción la denostación pública de su reputación y honor.

Ahora bien, se debe destacar que esto no significa que tales publicaciones por sus características no puedan ser objeto de suspensión, ya que esto dependerá del análisis que realicen los juzgadores en donde verifiquen se cumplan con los requisitos para establecer estas medidas, sin embargo no pueden considerarse como penas infamantes.

Estos razonamientos quedaron plasmados en la tesis número PR.A.CN. J/58 A (11a.) bajo el rubro: SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS PUBLICACIONES DE MENSAJES Y VIDEOS EN REDES SOCIALES, NO CORRESPONDEN NI SON EQUIPARABLES A LAS PENAS INFAMANTES PROHIBIDAS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.

Fuente: Checkpoint

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts