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Presentan caso de México por violencia contra la mujer ante Corte IDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso número 12.853 de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), relacionado con la desaparición y violencia sexual de una menor en 2001, en Ciudad Juárez.

Hechos

Lilia García Andrade, de 17 años, desapareció el 14 de febrero de 2001 luego de salir de su trabajo, ese mismo día su madre reportó el hecho; las autoridades le indicaron que debían pasar 72 horas para iniciar la investigación y le sugirieron buscarla con su expareja.

El 21 de febrero de ese año, en un terreno baldío, fue encontrado el cuerpo de Lilia, momento en el que se inició una investigación por homicidio y violencia sexual, confirmada mediante autopsia.

CIDH

En el informe de fondo 266/21, la Comisión resaltó entre otros aspectos que, el Estado no actuó conforme a las obligaciones derivadas del deber de prevención de garantizar la vida, la libertad y la integridad personal en un contexto probado de violencia contra las mujeres.

Adicionalmente, determinó que las autoridades involucradas no actuaron con urgencia, mostraron sesgo discriminatorio y subestimaron la denuncia de desaparición.

Además, durante la investigación hubo deficiencias relacionadas con las acciones de búsqueda, falta de planificación, falta de análisis de contexto y género, y una demora de 9 años para realizar pruebas genéticas, que, a pesar de arrojar indicios, no llevó a esclarecer la identidad de los agresores

Finalmente, se destacó la falta de protección e impunidad frente a los ataques contra madre de la víctima.

Responsabilidad y medidas de reparación

Ante esta situación, la comisión concluyó que México es responsable por la vulneración de los derechos a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales, protección judicial y el deber de sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,

Por lo anterior, la CIDH recomendó al Estado establecer, entre otras, las siguientes medidas de reparación:

  • Continuar la investigación penal con diligencia, perspectiva de género y efectividad para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones.
  • Evaluar y fortalecer la respuesta judicial a denuncias de desaparición de mujeres, con identificación de deficiencias y ejecutar planes para abordarlas.
  • Fortalecer la capacidad institucional de instancias judiciales para investigar violaciones a los derechos humanos contra mujeres, con recursos financieros, humanos y de capacitación para combatir la impunidad y garantizar sanciones y reparación adecuadas.

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts