Legal

Juicio de amparo por omisiones a obligaciones convencionales

El juicio de amparo es el mecanismo por excelencia para la protección de derechos humanos y lograr que las autoridades cumplan con las obligaciones establecidas tanto a nivel nacional como internacional.

Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre la posibilidad de que las omisiones legislativas de cumplir con una obligación internacional puedan ser reclamadas vía juicio de amparo.

Omisiones legislativas

Tal como se expresa en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y el numeral 1 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LAMP), el amparo es procedente contra omisiones.

En ese sentido, se debe recordar que existen obligaciones a cargo del  legislativo estatal de ejercicio potestativo y  otras de carácter obligatorio.

Respecto de estas últimas, la SCJN ha establecido que las facultades o competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones. De ahí que, en caso de que no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción.

Juicio de amparo

Ahora bien, para efectos del amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y dicha obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En caso contrario, es decir, si no existe un mandato constitucional que establezca claramente el deber de legislar, la omisión de la autoridad legislativa carecería de relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo.

(Énfasis añadido.)

En ese orden de ideas, y tomando en consideración los puntos anteriores,  las legislaturas estatales, incurrirían en una violación a un derecho humano por omisión si dejan de observar las obligaciones que les impone una disposición convencional, ya que estas forman parte del parámetro de regularidad constitucional, además de que el artículo 1 de la CPEUM impone la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, por ende, dicha situación es susceptible de ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto.

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts