Análisis Jurisprudencial

Efectos del amparo contra prisión preventiva oficiosa

El tema de prisión preventiva oficiosa  ha sido analizado en diversas ocasiones, incluso por órganos internacionales, tal es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ello ha establecido distintos requisitos y elementos que se deben tomar en cuenta cuando se requiera hacer uso de esta figura.

De ahí que surja la pregunta, ¿qué sucede cuando esta herramienta no se ajusta al parámetro de regularidad constitucional?  Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito al resolver el amparo en revisión 7/2023 analizó tal situación.

Antecedentes

En un asunto se ejerció acción penal contra una persona por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Después de ponerla a disposición de la autoridad judicial, sin debate entre las partes, se le impuso esa medida cautelar en atención al tipo penal materia de la imputación. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra esa determinación y, como se le negó la protección constitucional, interpuso recurso de revisión, en el que se consideró que la imposición de la prisión preventiva oficiosa no se ajustó al parámetro de regularidad constitucional.

Prisión preventiva

Esta figura se encuentra prevista en el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y establece:


El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

(Énfasis añadido.)

Al respecto, la Corte IDH en los casos García Rodríguez y otro vs. México, así como el de Tzompaxtle Tecpile analizó esta figura y entre otros aspectos apuntó que, la porción normativa de la prisión preventiva oficiosa contenida en aquella disposición constitucional vulnera los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia, así como a la igualdad y no discriminación.

Además, reiteró que la aplicación de las normas y su interpretación deben ajustarse a las obligaciones y a los fines establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

En ese sentido, el tribunal colegiado estableció que el artículo 19 podría tener diversas interpretaciones:

  • Prescribir que se actúe en dirección a debatir la prisión preventiva oficiosa cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en dicho párrafo.
  • Prescribir que se actúe en dirección a aplicar o imponer la prisión preventiva oficiosa.
  • Poner la carga o imponer al imputado de cumplir la prisión preventiva oficiosa en determinado centro de reclusión cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en dicho párrafo.
  • Dar lineamiento que se debe obedecer en el sentido de debatir la prisión preventiva oficiosa cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en dicho párrafo.

Del análisis de estas posibilidades, optó por elegir la que más beneficia en atención al principio pro persona lo cual se tradujo en determinar que, como bien lo estableció el tribunal Interamericano, la aplicación de la figura en el caso en concreto vulneró los sus derechos a la libertad personal, presunción de inocencia, así como de igualdad ante la ley.

Lo anterior, ya que el juez de control impuso la medida de manera automática sin brindar a las partes la posibilidad de debatir su fundamento ni las razones que, en su caso, la sustentaran, a pesar de que correspondía al Estado, por conducto del Ministerio Público, acreditar, de manera clara y motivada, su concurrencia a partir de un «juicio de proporcionalidad», en donde demostrara que la prisión preventiva:

  1. Perseguía una finalidad legítima, es decir, que tenía un fin válido conforme al parámetro de regularidad constitucional.
  2. Era idónea, es decir, que tendía a alcanzar, en algún grado, los fines instrumentales para los que fueron creadas las medidas cautelares en el proceso penal acusatorio.
  3. Era necesaria, en el sentido de que era absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no existía una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto.
  4. Resultaba estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad del quejoso no resultaba exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtenían mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.
Conclusión

Por lo anterior, se determinó que si la imposición de la prisión preventiva oficiosa no se ajusta al parámetro de regularidad constitucional, se debe conceder el amparo para que el juez de Control responsable realice lo siguiente:

  • Cite a las partes a una nueva audiencia, o bien, a un segmento de ésta y la verifique, dejando insubsistente la parte donde resolvió sobre la prisión preventiva oficiosa; enseguida,
  • Con plenitud de jurisdicción, pero teniendo como presupuesto un examen integral, permita el debate condigno y se pronuncie sobre la solicitud de la medida cautelar que, en su caso, corresponda; y
  • En el escenario de que resuelva sobre alguna medida, después de su emisión oral, debe dejar constancia por escrito.

Estos razonamientos quedaron plasmados en la tesis número I.4o.P.17 P (11a.) bajo el rubro: PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SU IMPOSICIÓN NO SE AJUSTA AL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.

Fuente: Checkpoint.

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts