La pugna por la revocación de mandato

El proceso de revocación de mandato ha sido un tema ampliamente debatido en las últimas semanas, ello a raíz de diversos conflictos generados por la insuficiencia presupuestaria para la realización de este mecanismo de participación ciudadana.

Los acontecimientos

En el marco de la recolección de apoyo ciudadano de la revocación, el 7 de diciembre el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, mediante el cual la Cámara de Diputados recortó 4,913 millones de pesos originalmente solicitado por el organismo.

Al respecto, el instituto consideró que esta decisión además de ser injustificada impide el ejercicio de las a atribuciones constitucionales a las que está obligado, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos.

Por su parte, el ministro instructor de la controversia negó la suspensión solicitada por el INE relativa a la adecuación presupuestal para la revocación, por ser un hecho de realización incierta que todavía no tiene afectaciones en el instituto porque aún no hay convocatoria.

Posteriormente, el 17 de diciembre el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG1796/2021 determinó como medida extraordinaria posponer de manera temporal este mecanismo ante la insuficiencia presupuestal, resaltando que esto no impediría continuar con la revisión de firmas de apoyo.

Ante tal decisión, la Cámara Baja presentó una controversia constitucional en contra del INE en donde reclamó la invalidez del acuerdo antes mencionado, al considerarlo un incumplimiento de un mandato legal; el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impugnó este ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Comisión de receso de la SCJN admitió a trámite la controversia de los diputados y concedió la suspensión para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo que buscaba posponer las actividades de organización de la revocación de mandato y por lo tanto continúe con los procesos.

En los próximos días habrá que estar muy pendientes de los fallos que la SCJN y el TEPJF emitan, pues serán de gran importancia para decidir el cauce de esta herramienta ciudadana.

Finalmente, más allá de la polémica acerca de si resulta idóneo o no realizar este mecanismo en el presente sexenio, la validez del acuerdo del INE, es necesario señalar que para hacer eficaz el derecho a participar en la revocación de mandato debemos contar con recursos. No basta que nuestros derechos se encuentren previstos en la legislación, pues esto no significa que se respeten, garanticen o protejan, ya que son necesarias acciones gubernamentales para poder ejercerlos, las cuales representan un gasto.

Para asegurar el ejercicio adecuado de los derechos políticos electorales, es necesario que las herramientas de participación ciudadana sean de calidad, que cumplan con todos los requisitos y estándares legales previstos, y para lograr esto resulta necesario contemplar el costo real que esto conlleva y cerciorarse que los recursos estén disponibles para cumplir con el objetivo.

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Leslie Barrera
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