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El derecho de participación ciudadana en materia medioambiental

La participación ciudadana es clave en cualquier asunto público, más aún cuando estos temas impactan de manera directa en el día a día de las personas, tal es el caso del medio ambiente, en donde el Estado debe garantizar ese derecho y cumplir con ciertos requisitos para que esto suceda.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado al respecto, al analizar un juicio de amparo que promovieron pobladores de Quintana Roo, en donde reclamaron el proceso de elaboración y aprobación de un programa de desarrollo municipal, señalando que en ese proceso no se respetó su derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información en materia medioambiental, ya que no tuvieron una participación real en la toma de decisiones.

Participación ciudadana

Para abordar este tema, es necesario tomar en cuenta que de los artículos 1º, 4, quinto párrafo, 6 y 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende la obligación de las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el de un medio ambiente sano.

Además, se reconoce el derecho de las personas a participar en la toma de decisiones en los asuntos públicos, como el medio ambiente, el cual es de gran relevancia e interés.

Por último, no hay que perder de vista que hay normativas internacionales, como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que son cruciales en dichos temas, este último establece obligaciones para que los Estados logren garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En ese orden de ideas, se puede concluir que el Estado debe brindar desde el inicio de cualquier proceso o plan que pueda afectar significativamente el medioambiente, la participación de la población, asegurando que toda persona tenga acceso adecuado a la información, así como la oportunidad de participar efectivamente en los procesos de adopción de decisiones desde las primeras etapas, con el objeto de tener una influencia real en la toma de medidas que puedan afectar su derecho a un medioambiente sano.

La SCJN determinó que esta situación deberá contar con ciertos aspectos esenciales y mínimos que se deberán observar en todo momento, los cuales son:

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts