Legal

Limitar la suspensión en el amparo, ¿es necesario?

Recientemente fue aprobada por el Senado, y turnada a la Cámara de Diputados para su discusión, una iniciativa del legislador Ricardo Monreal Ávila, que busca modificar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LAMP) en materia de suspensión.

¿Qué propone?

La propuesta tiene como objetivo limitar la concesión de suspensión con efectos generales en el juicio de amparo, a través de la modificación de los artículos 129 y 148 de la LAMP.

Mediante dicha figura, se paraliza la ejecución del acto reclamado o bien se restituye el goce del derecho hasta en tanto se resuelve el juicio de manera definitiva. Tal herramienta es clave, pues dota de eficacia al amparo.

Con la reforma, se eliminaría la posibilidad de conceder excepcionalmente la suspensión para evitar afectaciones al interés social aun en los supuestos previstos por el numeral 129.

Adicionalmente, establecería de manera expresa que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.

¿Qué consecuencia tendría?

La aprobación de la iniciativa traería consigo una afectación importante en la suspensión de juicio de amparo, ya que los jueces estarían impedidos a realizar análisis ponderados en los asuntos a resolver, y de manera excepcional a establecer que una suspensión tenga efectos generales y no solo se ocupe del quejoso.

Ello se traduciría en posibles vulneraciones a derechos humanos colectivos o difusos, tales como al medio ambiente y salud, además habría un retroceso en materia de acceso a la justicia y no discriminación, afectando en mayor grado a grupos vulnerables, quienes no cuentan con recursos para acudir ante los órganos jurisdiccionales.

Al no ser posible establecer efectos generales en una suspensión, podrían consumarse actos que signifiquen afectaciones irreparables, por lo cual el amparo sería un medio carente de efectividad real y dejaría desprotegidos a grupos enteros y con el riesgo a ser susceptibles de vulneraciones ante hechos o normas contrarias a la Carta Magna.

Por lo anterior puede concluirse que, esta reforma es contraria a la Constitución Federal, ya que implica un retroceso en materia de protección a los derechos humanos, pues afecta los principios de progresividad y pro persona, mismos que se encuentran insertos no solo en este ordenamiento sino en diversos tratados internacionales.

No hay que perder de vista que, la figura de la suspensión protege y tienen como objetivo dejar a salvo los derechos de manera temporal de quienes acuden al amparo hasta en tanto este se resuelva, y se otorga cuando se cumplen los requisitos legales, es decir, los juzgadores deben razonar y fundamentar su procedencia, aun cuando se establece excepcionalmente con efectos generales, por lo que su uso no es indiscriminado.

Esta figura dota de efectividad real a este juicio, por lo que se debe analizar su naturaleza y conocer su evolución, es decir, no se puede entender como un elemento aislado sino como herramienta para la adecuada protección de los derechos humanos.

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts