La polémica de la consulta popular
La consulta popular que busca enjuiciar a los ex mandatarios de nuestro país, promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que se llevó a cabo el 1 de agosto ha generado polémica y diversas preguntas, entre ellas ¿cuáles serán los efectos de esta?
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Federal de Consulta Popular (LFCPO) para que el resultado de este mecanismo sea vinculante es necesario la participación de por lo menos el 40% de la lista nominal de electores, supuesto en el cual tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez.
Ahora bien, más allá de que resulte vinculante el resultado de la consulta no hay que perder de vista que la herramienta es ineficiente e inadecuada para cumplir con su objetivo, ya que no hay obstáculo legal alguno para iniciar un procedimiento judicial en contra de los expresidentes de México.
Además, representa un gasto innecesario porque no se decide nada en concreto pues la pregunta replanteada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es sumamente confusa y genera más interrogantes como: ¿quiénes son los actores políticos del pasado? y ¿cuáles serán las acciones que se tomarán para esclarecer las decisiones tomadas por ellos?.
Si bien dicho instrumento puede traer consigo una participación ciudadana cada vez más activa, este mecanismo debe utilizarse para que la población decida sobre temas de importancia que tengan resultados palpables y no simplemente se queden en promesas o acciones confusas que no llevan a ningún lado. Recordemos que la acción e impartición de la justicia no está sujeta a ninguna consulta.
