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Inconstitucional reducción de recursos para atención a víctimas: SCJN

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al analizar el amparo en revisión 675/2022 determinó que la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV), que eliminó la obligación de establecer un porcentaje presupuestal para la atención a víctimas, es inconstitucional.

¿Qué fijaba la ley?

Antes de la modificación se establecía en el artículo 132, fracción I de la LGV, la garantía de un presupuesto para hacer efectivos los derechos relacionados con la reparación integral de daño de las víctimas, el cual ascendía al 0.014% del gasto programable para atención médica, gastos funerarios y atención psicológica.

Esta obligación persistía incluso en circunstancias excepcionales, pues la Cámara de Diputados debía mantener un presupuesto específico en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, lo cual fue eliminado con la reforma del 6 de noviembre de 2020.

Principio de progresividad

Ahora bien, aunque existía esta garantía sustentada en el principio de progresividad, la cual no podía —de inicio— ser objeto de restricciones en perjuicio de las víctimas, se debe resaltar que existen limitaciones razonables a este principio, donde la autoridad decide disminuir las garantías presupuestarias para hacer efectivo su ejercicio 

Para que ello sucediera, se debía demostrar lo siguiente:

  • Que la modificación legislativa (eliminación de la garantía) se debió a la falta de recursos económicos para garantizar el derecho humano a una reparación integral del daño a la luz de la LGV.
  • Que se realizaron sin éxito todos los esfuerzos necesarios para obtener los recursos faltantes para hacerlo efectivo.
  • Que se aplicó el máximo de los recursos disponibles para su garantía, o que, en su caso, con los que se disponía tuvieron que ser aplicados para la tutela de otro derecho humano de importancia mayor o prioritaria.

Sin embargo, la autoridad argumentó que esta supresión se realizó para proveer al Estado de recursos económicos inmediatos en aras de enfrentar la crisis sobre la salud pública y la economía nacional provocada por la pandemia derivada del SARS-CoV-2 (COVID-19) y coadyuvar a la transparencia en el ejercicio de la administración pública federal.

Al respecto, la SCJN determinó que estas razones eran insuficientes para justificar la regresión legislativa, porque la emergencia sanitaria terminó y además no se demostró que esos recursos fueran destinados efectivamente para tal objetivo.

Es decir, la eliminación del mínimo presupuestal representa una medida regresiva injustificada por lo que declaró la invalidez de la reforma.

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts