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Las opiniones del GTAD: alcances y efectos en el orden jurídico mexicano

Las determinaciones emitidas por los organismos internacionales de derechos humanos suelen trascender los casos concretos que les da origen. Además de pronunciarse sobre posibles violaciones a derechos fundamentales, establecen criterios para la actuación de las autoridades nacionales y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados.

Sin embargo, no todos los organismos internacionales ocupan la misma posición dentro del sistema de protección de los derechos humanos ni sus actuaciones producen efectos jurídicos idénticos. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 42/2025 analizó qué alcance tienen las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (GTAD) dentro del orden jurídico mexicano.

El origen del asunto

Una persona indígena fue detenida de forma violenta y sometida a diversos procesos penales por la presunta comisión de distintos delitos. Durante su declaración, denunció haber sido torturada con el propósito de obligarla a autoincriminarse por el delito de tentativa de homicidio cometido en agravio de una persona identificada como líder de la comunidad triqui.

Aunque en uno de los procedimientos se determinó el no ejercicio de la acción penal, en los demás la persona permaneció sujeta a prisión preventiva oficiosa durante más de diez años.

Ante esta situación, la persona afectada presentó una denuncia individual ante el GTAD. Tras analizar el caso, dicho mecanismo emitió la Opinión 75/2018, en la que concluyó que la privación de la libertad era arbitraria y recomendó, entre otras medidas, la liberación de la persona y la reparación correspondiente.

Al considerar que las conclusiones del organismo internacional no habían sido atendidas por las autoridades mexicanas, la persona procesada promovió un juicio de amparo indirecto contra diversas autoridades. Sin embargo, el juzgado de distrito determinó sobreseer el asunto al estimar que la opinión se dirigía al Estado mexicano en su conjunto y no de manera específica a las autoridades señaladas como responsables.

Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que fue atraído por la SCJN.

El sistema universal de protección de los derechos humanos

La protección internacional de los derechos humanos desarrollada en el ámbito de las Naciones Unidas encuentra su fundamento en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Este instrumento estableció, entre los propósitos de la organización, la promoción y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. A partir de entonces comenzó a desarrollarse un sistema internacional integrado por instrumentos normativos y mecanismos institucionales destinados a supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados.

Con el paso del tiempo, este sistema evolucionó mediante la adopción de diversos tratados internacionales especializados, así como la creación de órganos encargados de vigilar su aplicación. Así, la tutela universal de los derechos humanos quedó articulada a través de una combinación de normas convencionales y mecanismos institucionales de supervisión.

Los mecanismos de protección en el sistema universal

Dentro del sistema universal suelen distinguirse dos grandes categorías de mecanismos de protección. Por una parte, se encuentran los mecanismos convencionales, cuya existencia deriva directamente de tratados internacionales de derechos humanos. Estos órganos supervisan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte, y su competencia, integración y facultades encuentran fundamento en el propio tratado que les da origen.

Por otra parte, existen los mecanismos extraconvencionales, que no surgen de tratados internacionales específicos sino de resoluciones emitidas por órganos de las Naciones Unidas. Su creación responde a la necesidad de contar con instrumentos flexibles para examinar situaciones de derechos humanos, identificar problemáticas emergentes y fortalecer la cooperación internacional en esta materia.

Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos

Dentro de los mecanismos extraconvencionales ocupan un lugar relevante los denominados procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas., se trata de mecanismos independientes que pueden adoptar la forma de relatores especiales, expertos independientes o grupos de trabajo especializados en determinadas materias de derechos humanos.

Estos procedimientos tienen facultades para recibir información, realizar investigaciones, entablar comunicación con los Estados, elaborar informes temáticos y formular observaciones o recomendaciones respecto de situaciones concretas relacionadas con la protección de los derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Es en este contexto en el que se ubica el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, mecanismo creado por la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la resolución 1991/42 y cuyo mandato ha sido prorrogado posteriormente por el Consejo de Derechos Humanos.

El mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

La labor del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria consiste en investigar denuncias relacionadas con privaciones de la libertad presuntamente incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Para ello, recibe comunicaciones individuales, las notifica al Estado involucrado, analiza la información aportada por ambas partes y emite una opinión sobre el caso sometido a su consideración.

En el ejercicio de sus funciones, no se limita a examinar la legalidad formal de una detención, su análisis se apoya en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y en los estándares desarrollados por los órganos del sistema universal, con el propósito de determinar si una privación de la libertad resulta compatible con las garantías reconocidas por el derecho internacional.

El fundamento de estas facultades se encuentra en la Resolución 1991/42 de la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante la cual se encomendó al Grupo de Trabajo la tarea de “investigar los casos de detención impuesta arbitrariamente o que, por alguna otra circunstancia, sea incompatible con las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados involucrados“.

A partir de dicho mandato, el mecanismo ha desarrollado una metodología especializada para identificar los supuestos en los que una privación de la libertad puede considerarse arbitraria, lo anterior ha permitido sistematizar distintas categorías de detención arbitraria vinculadas, entre otros aspectos, con la ausencia de fundamento legal para la privación de la libertad, el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, las violaciones graves al debido proceso o situaciones de discriminación.

Las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo contienen la valoración de los hechos del caso, una determinación sobre la existencia o inexistencia de una detención arbitraria y, en su caso, recomendaciones dirigidas al Estado involucrado para restituir derechos o reparar las violaciones identificadas.

La cooperación de los Estados como base de funcionamiento

A diferencia de los mecanismos jurisdiccionales internacionales, el funcionamiento del GTAD depende en buena medida de la cooperación de los Estados con el sistema universal de protección de los derechos humanos.

Los Estados son llamados a responder las comunicaciones remitidas por el Grupo de Trabajo, proporcionar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y mantener un diálogo institucional orientado a la protección de los derechos humanos.

Esta lógica de cooperación explica, en parte, la naturaleza de las opiniones emitidas por el mecanismo, a diferencia de una sentencia internacional dictada por un tribunal, estas opiniones constituyen el resultado de un procedimiento de análisis y supervisión especializado cuyo objetivo principal es identificar posibles violaciones a derechos humanos y formular recomendaciones para su atención.

La naturaleza jurídica de las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo

Una vez delimitado el lugar que ocupa el Grupo de Trabajo dentro del sistema universal de protección de los derechos humanos, corresponde determinar la naturaleza jurídica de las opiniones que emite en el ejercicio de sus funciones.

Las opiniones son los pronunciamientos mediante los cuales el Grupo de Trabajo evalúa si una privación de la libertad resulta compatible con los estándares internacionales de derechos humanos, para ello, analiza la información proporcionada por la persona denunciante y por el Estado involucrado, determina si la detención puede calificarse como arbitraria y, en su caso, formula recomendaciones orientadas a reparar las violaciones identificadas.

No obstante, la naturaleza jurídica de estos pronunciamientos está estrechamente vinculada al origen mismo del mecanismo que los emite. Al tratarse de un procedimiento especial creado mediante resoluciones de órganos de las Naciones Unidas y no por un tratado internacional, las opiniones del Grupo de Trabajo no constituyen decisiones jurisdiccionales internacionales ni forman parte de un mecanismo convencional de supervisión.

Esta circunstancia llevó a examinar una categoría ampliamente desarrollada en el derecho internacional contemporáneo: el denominado soft law o derecho indicativo.

El papel del soft law en la protección internacional de los derechos humanos

El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos no descansa exclusivamente en tratados, sentencias o normas formalmente obligatorias, durante las últimas décadas también han surgido instrumentos, principios, directrices, observaciones y recomendaciones que, aun cuando no poseen fuerza vinculante en sentido estricto, contribuyen a precisar el contenido y alcance de las obligaciones internacionales de los Estados.

Dentro de esta categoría se ubican diversos instrumentos elaborados por organismos internacionales especializados, cuya función consiste en orientar la interpretación y aplicación de los estándares de protección de los derechos humanos.

La relevancia de estos instrumentos radica en que permiten identificar criterios técnicos y especializados sobre materias complejas, favorecen una interpretación evolutiva de los derechos humanos y contribuyen a la construcción progresiva de estándares internacionales de protección.

Bajo esta lógica, las opiniones emitidas por el GTAD no constituyen simples apreciaciones políticas, sino pronunciamientos especializados de un mecanismo creado específicamente para examinar privaciones arbitrarias de la libertad desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos.

La obligación de cooperación con los mecanismos de Naciones Unidas

La actuación de los procedimientos especiales descansa sobre el principio de cooperación internacional entre los Estados y los órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas., en este marco, los países son llamados a participar en los procedimientos de comunicación, proporcionar información relacionada con los casos sometidos a análisis y mantener canales de diálogo institucional con los mecanismos internacionales encargados de supervisar la situación de los derechos humanos.

La cooperación constituye un elemento esencial para el funcionamiento de los procedimientos especiales, pues permite que los organismos internacionales obtengan información suficiente para evaluar los casos planteados y formular recomendaciones encaminadas a mejorar la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, la existencia de este deber de cooperación no resuelve, por sí sola, la cuestión central del litigio: determinar qué efectos producen las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo una vez que son dirigidas al Estado mexicano.

¿Las opiniones del Grupo de Trabajo son vinculantes para las autoridades mexicanas?

Para responder esta pregunta, la SCJN parte de una premisa: las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no tienen el mismo origen normativo que las determinaciones emitidas por órganos creados directamente por tratados internacionales.

Ello se debe a que las facultades del GTAD derivan de resoluciones adoptadas por órganos de las Naciones Unidas y no de un instrumento internacional ratificado por los Estados que le atribuya competencia para emitir decisiones obligatorias. Asimismo, del análisis de las resoluciones que regulan su actuación tampoco se advierte el otorgamiento de facultades para emitir determinaciones jurídicamente vinculantes respecto de los Estados sometidos a su escrutinio.

A partir de esta diferencia estructural, la SCJN concluyó que las opiniones emitidas por dicho mecanismo constituyen pronunciamientos especializados en materia de derechos humanos, pero carecen de fuerza vinculante en sentido estricto dentro del orden jurídico mexicano.

Del sistema internacional al orden constitucional mexicano

Una vez precisada la naturaleza de las opiniones, surge el problema central de la controversia: determinar cuál debe ser la respuesta de las autoridades mexicanas frente a una opinión internacional que concluye que una persona fue víctima de detención arbitraria.

La respuesta se construyó a partir del artículo 1º de la Constitución Federal, disposición que impone a todas las autoridades las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Desde esta perspectiva, la protección de los derechos humanos no se limita a la observancia de normas estrictamente obligatorias. También exige que las autoridades consideren aquellos estándares internacionales que contribuyen a precisar el contenido y alcance de los derechos reconocidos por el orden jurídico mexicano.

Así, aunque las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo no constituyen decisiones obligatorias para el Estado mexicano, sí representan pronunciamientos especializados en materias directamente relacionadas con la libertad personal, el debido proceso y la prohibición de detenciones arbitrarias.

El Estado actúa a través de sus autoridades

Uno de los argumentos centrales utilizados para sobreseer el juicio consistió en sostener que la Opinión 75/2018 estaba dirigida al Estado mexicano y no a las autoridades señaladas como responsables.

No obstante, este razonamiento parte de una premisa difícil de sostener en la práctica, ya que los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por un Estado necesariamente se materializan a través de órganos, instituciones y autoridades específicas.

Por ello, el hecho de que una opinión internacional se dirija formalmente al Estado mexicano no excluye que determinadas autoridades deban pronunciarse sobre su contenido cuando las materias abordadas por el mecanismo internacional se encuentran dentro de su esfera de atribuciones.

Esta idea resulta particularmente relevante en el caso analizado, pues las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo involucraban aspectos relacionados con libertad personal, reparación integral, atención a víctimas y posibles violaciones al debido proceso, materias respecto de las cuales distintas autoridades nacionales cuentan con facultades específicas de actuación.

La relevancia jurídica de las opiniones del Grupo de Trabajo

A partir de estos elementos, la sentencia concluye que las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo constituyen criterios orientadores relevantes para las autoridades nacionales.

La relevancia de estos pronunciamientos no deriva de una obligación internacional de cumplimiento forzoso, sino de su capacidad para aportar elementos especializados en la interpretación y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte.

En este sentido, las opiniones del Grupo de Trabajo pasan a formar parte del conjunto de elementos que pueden ser considerados por las autoridades mexicanas al momento de adoptar decisiones relacionadas con la protección de los derechos humanos.

La obligación de analizar y motivar

Las autoridades deben analizar estos pronunciamientos dentro de sus respectivos ámbitos competenciales y valorar si sus conclusiones resultan aplicables al caso concreto.

Asimismo, cuando una autoridad decida apartarse de los criterios contenidos en una opinión emitida por dicho mecanismo internacional, deberá expresar las razones que justifiquen esa determinación.

Este aspecto es especialmente significativo porque desplaza el debate de la obligatoriedad formal hacia la exigencia de justificación. La cuestión ya no consiste únicamente en determinar si existe o no un deber de cumplimiento, sino en establecer si las autoridades pueden ignorar por completo una opinión especializada emitida por un mecanismo internacional de derechos humanos.

Los efectos del amparo

A partir de las consideraciones anteriores, la SCJN concluyó que las autoridades involucradas no podían permanecer ajenas a la Opinión 75/2018 emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. En consecuencia, revocó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo y ordenó que las autoridades responsables analizaran dicha opinión dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

De esta manera, las denuncias de tortura, la posible afectación al debido proceso, la situación de la persona privada de la libertad y las eventuales medidas de reparación no podían descartarse simplemente bajo el argumento de que la opinión provenía de un mecanismo extraconvencional de Naciones Unidas.

Una decisión que va más allá del caso concreto

Aunque la controversia se originó a partir de la Opinión 75/2018, la relevancia de la sentencia trasciende el caso particular, ya que establece un panorama sobre el papel que desempeñan estas resoluciones en el orden jurídico mexicano.

La sentencia confirma que las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no constituyen decisiones vinculantes en sentido estricto. Sin embargo, se deja claro que tales pronunciamientos no son jurídicamente irrelevantes.

En consecuencia, las autoridades mexicanas deben analizarlas dentro de sus respectivos ámbitos competenciales y, si deciden apartarse de ellas, justificar las razones de su decisión. De esta manera, la sentencia delimita los efectos que pueden producir las opiniones del GTAD en México y ofrece criterios para comprender la interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones derivadas del artículo 1º constitucional.

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Leslie Barrera
Legal Editor en Thomson Reuters México |  + posts