Reformas constitucionales en materia de prisión preventiva y seguridad
En la edición vespertina del DOF de 31 de diciembre, fueron publicadas dos reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) relacionadas con prisión preventiva oficiosa (PPO) y seguridad pública.
PPO
La primera incluye una reforma al artículo 19 que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre estos destacan:
- Extorsión
- Delitos cometidos por la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas, esenciales para la elaboración de drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
- Delitos en materia de la salud.
- Cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Adicionalmente, en la interpretación de este artículo, se establece que los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, y se prohíbe cualquier otra interpretación.
La reforma es contraria a la protección de los derechos humanos representando un grave retroceso en la materia, además de que es opuesta con las dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la aplicación de la figura de prisión preventiva oficiosa.
Seguridad pública
Se modificó el artículo 21 constitucional, destacando los siguientes aspectos:
- Otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
- Integra de manera expresa a la SSPC como autoridad competente en la investigación de delitos y se establece que será la encargada de la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.
Ambas reformas prevén adecuaciones normativas en ordenamientos secundarios y entraron en vigor el 1 de enero.
Si desea conocer a detalle estos cambios constitucionales visite su plataforma Checkpoint.
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