El derecho a un medio ambiente sano
El derecho a un medio ambiente sano es fundamental. Su defensa es crucial para la supervivencia de todas las formas de vida en el planeta. Su reconocimiento constitucional, así como en tratados internacionales obliga a las autoridades, en todos los niveles y fueros, a velar por su protección y defensa.
Esta obligación se intensifica al considerar la naturaleza transversal de este derecho, cuya afectación repercute en todas las esferas de la vida y pone en riesgo la sostenibilidad del planeta. En ese contexto, las autoridades jurisdiccionales juegan un papel crucial al momento de resolver controversias, debiendo incorporar los principios rectores del derecho ambiental como eje central de sus decisiones.
Recientemente, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, emitió una tesis que lleva por rubro: DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. PARA SU DEFENSA LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DE LOS DIVERSOS FUEROS Y MATERIAS DEBEN RESOLVER ATENDIENDO A SUS PRINCIPIOS RECTORES, AL SER UN DERECHO TRANSVERSAL Y ESTAR EN RIESGO LA SUPERVIVENCIA DE TODA FORMA DE VIDA, con número de registro: I.3o.C.7 CS (11a.), publicado en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril 2025.
ANTECEDENTES
Un caso reciente de controversia por arrendamiento inmobiliario en México, ilustra la relevancia de considerar el derecho a un medio ambiente sano en la impartición de justicia, incluso en materias aparentemente ajenas al ámbito ambiental. En este litigio, la parte actora demandó el pago de pensiones rentísticas y, adicionalmente, el pago del adeudo por el uso del servicio de energía eléctrica. Tras obtener una sentencia favorable en primera instancia, el demandado interpuso un recurso de apelación que fue declarado infundado.
ANÁLISIS
Al examinar el caso en amparo directo, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito consideró que, previo al estudio del fondo del asunto de arrendamiento, debía priorizarse un uso adecuado de la energía eléctrica. Este criterio se fundamentó en la corresponsabilidad que hay por parte de quien se beneficia directamente de este recurso, reconociendo implícitamente la conexión entre el uso de energía y su impacto ambiental.
La decisión del tribunal colegiado de circuito resalta una comprensión fundamental del derecho a un medio ambiente sano: su carácter transversal. Este no se limita a las leyes y tribunales especializados en materia ambiental, sino que permea todas las áreas del derecho y debe ser considerado por las autoridades jurisdiccionales, independientemente de la materia de la controversia.
La justificación ofrecida por el tribunal es contundente: las personas juzgadoras tienen la obligación de actuar ante el posible deterioro ambiental o la imposibilidad de reparar daños, entendiendo la protección del medio ambiente como un asunto de máximo interés para el orden público y el interés social. Esta obligación se traduce en la búsqueda activa, a través de sus fallos, de la mitigación de la crisis climática.
El criterio se alinea con las obligaciones establecidas en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 11 del Protocolo de San Salvador; el Protocolo de Kioto; el Acuerdo de París y los principios de la Declaración de Río de Janeiro. Estos instrumentos normativos y compromisos internacionales exigen que todos los poderes públicos garanticen el respeto al derecho a un medio ambiente sano y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
La energía eléctrica, objeto de la controversia en el caso de arrendamiento, es un claro ejemplo de cómo un tema aparentemente civil puede tener profundas implicaciones ambientales.
El uso ineficiente o irresponsable de la energía contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático. Por ello, la consideración de un uso adecuado de la energía en una disputa no es una cuestión aislada, sino una aplicación del principio de transversalidad del derecho ambiental.
CONCLUSIÓN
La resolución del tribunal sienta un precedente importante al destacar que la defensa del derecho a un medio ambiente sano no es una tarea exclusiva de las autoridades ambientales. Por el contrario, exige un compromiso activo por parte de todas las autoridades jurisdiccionales, quienes deben resolver sus controversias atendiendo a los principios rectores del derecho ambiental.
La transversalidad de este derecho implica que cualquier decisión judicial, incluso en materias como el arrendamiento, puede tener un impacto directo o indirecto en el medio ambiente. Por lo tanto, es imperativo que los jueces y magistrados incorporen una perspectiva ambiental en su análisis y fundamentación, buscando siempre la protección y preservación del entorno natural.
La supervivencia de toda forma de vida depende de un medio ambiente sano. La lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental requiere un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los actores, incluyendo el Poder Judicial.
