Reforma a la Ley de Inversión Extranjera: nuevas obligaciones y multas de hasta 200 mil UMA
En la edición de este 19 de noviembre del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, con el propósito de incorporar un mecanismo específico de revisión de inversiones extranjeras desde una perspectiva de seguridad nacional.
El decreto incorpora un nuevo Título Sexto Bis, denominado “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”. Este régimen somete determinadas adquisiciones realizadas por inversionistas extranjeros a la autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, cuando involucren actividades consideradas estratégicas o sensibles para el Estado mexicano.
Principales cambios
Se establece un mecanismo de revisión de inversiones por motivos de seguridad nacional
A partir de la reforma, será necesaria una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social de determinadas sociedades mexicanas cuyos activos superen el monto que posteriormente determine la propia Comisión mediante resolución general.
La revisión aplicará, entre otros casos, cuando la empresa objetivo participe en actividades relacionadas con:
- Infraestructuras estratégicas físicas o virtuales, incluyendo sectores energéticos, de transporte, comunicaciones, minería, salud, sistemas digitales, defensa y tratamiento o almacenamiento de datos.
- Tecnologías críticas y productos de doble uso, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nucleares, aeroespaciales, de defensa, nanotecnologías y biotecnologías.
- Actividades vinculadas con el suministro de insumos fundamentales, energía, materias primas o seguridad alimentaria.
- Operaciones que impliquen acceso o control de información sensible o datos personales.
Se crea un procedimiento formal de autorización
La solicitud deberá ser presentada de manera conjunta por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. La autoridad contará con un plazo de 45 días hábiles para emitir su resolución.
En ese sentido, la Comisión podrá:
- Autorizar la operación al determinar que no existen riesgos o amenazas a la seguridad nacional.
- Autorizarla condicionada a medidas de mitigación de riesgos.
- Negar la adquisición por motivos de seguridad nacional.
Asimismo, las resoluciones favorables podrán establecer condiciones específicas de seguimiento, así como obligaciones periódicas de reporte.
Se excluye la afirmativa ficta en asuntos de seguridad nacional
Aunque la Ley mantiene la regla general de que las solicitudes no resueltas dentro del plazo legal se consideran aprobadas, la reforma excluye expresamente de dicho beneficio los asuntos sujetos al nuevo régimen de seguridad nacional.
Se fortalecen las facultades de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
La reforma incorpora a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a la Comisión. Asimismo, cuando se analicen asuntos de seguridad nacional, prevé la participación de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyos representantes tendrán voz, pero no voto.
Asimismo, la Comisión deberá rendir informes periódicos al Congreso de la Unión tanto sobre el comportamiento de la inversión extranjera como sobre su gestión en materia de seguridad nacional.
Se endurece el régimen sancionatorio
La reforma incorpora nuevas infracciones y sanciones vinculadas con el incumplimiento del régimen de revisión por seguridad nacional. Así, la transmisión de la participación accionaria al inversionista extranjero sin haber obtenido resolución favorable, o pese a la denegación de la autorización, se sanciona con multa de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Lo mismo ocurre con el incumplimiento de las acciones de mitigación de riesgo dispuestas por la Comisión. Por su parte, la realización de actos o adquisiciones que requieran resolución favorable, sin haberla obtenido se sanciona con multa de 1,000 a 5,000 veces el valor diario de la UMA. Además, la autoridad podrá ordenar la desinversión de los activos adquiridos y otorgar un plazo para su desincorporación.
Implicaciones prácticas
Para los inversionistas extranjeros, la reforma exige identificar, antes de cualquier adquisición, si el proyecto supera el 49 % de participación en una sociedad mexicana y si la actividad de la empresa encuadra en alguno de los sectores del artículo 30 Bis. Un análisis de esta naturaleza es indispensable en procesos de compraventa, fusiones o reestructuras corporativas.
Para las sociedades mexicanas con capital extranjero o en proceso de venta, la reforma implica revisar sus activos frente al umbral que la Comisión fijará, así como valorar la presentación voluntaria de la solicitud cuando el monto no lo exija. En la negociación contractual, puede resultar prudente condicionar el cierre de las operaciones a la obtención de la resolución favorable.
Las sanciones se incrementan de forma significativa en los supuestos de adquisición sin autorización y de incumplimiento de medidas de mitigación, por lo que el cumplimiento documental y operativo posterior a la resolución adquiere especial relevancia.
Entrada en vigor
El decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 20 de noviembre de 2026.
Asimismo, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras contará con un plazo de hasta 180 días naturales para emitir la resolución general que establezca el umbral de activos a partir del cual será aplicable el nuevo mecanismo de autorización.
Consideraciones finales
La reforma incorpora, por primera vez en la Ley de Inversión Extranjera, un régimen específico de control de inversiones basado en criterios de seguridad nacional, alineando la revisión de determinadas operaciones con sectores estratégicos, tecnologías emergentes, infraestructura crítica y acceso a información sensible.
Ante este nuevo marco regulatorio, resulta recomendable que los inversionistas, las empresas con participación extranjera y sus asesores evalúen con anticipación el impacto de las nuevas reglas en operaciones corporativas actuales y futuras. Asimismo, será importante dar seguimiento a los cambios normativos que puedan incidir en el cumplimiento regulatorio y la planeación de negocios en México. Para ello, puede consultar la plataforma Checkpoint.






















































































































































