¿Procede la suspensión provisional en el juicio de amparo en contra del citatorio por el que se informa al contribuyente de hechos u omisiones en el procedimiento fiscalizador, mientras estén en vigor las medidas sanitarias dictadas ante la actual pandemia?

La respuesta a esta pregunta deriva del análisis realizado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis aislada número XVII.2o.10 A (10a.), al confrontar el interés público que existe para determinar el incumplimiento en el pago de contribuciones previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) sobre los hechos u omisiones conocidos con motivo de la revisión de gabinete, contra el interés social de salvaguardar el Derecho Humano a la salud de los gobernados; cediendo ese interés público de naturaleza fiscal ante la relevancia del interés social en respetar, proteger y garantizar, el Derecho Humano a la salud, de conformidad con los principios constitucionales referentes a la protección de los Derechos Humanos e interpretación Pro persona.

Bajo esta tesitura, es procedente la suspensión provisional como medida cautelar solicitada por el quejoso en el juicio de amparo, contra el citatorio por el que se le informa al contribuyente sobre los hechos u omisiones conocidos con motivo de la revisión de gabinete, toda vez que ante el contexto histórico y excepcional por el cual atraviesa el país, como consecuencia de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2, coronavirus disease (Covid-19), esa medida cautelar tiene como objetivo el proteger la salud del quejoso ante el riesgo latente que implica el trasladarse a las oficinas de la administración central de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la Ciudad de México.

En este sentido, cabe señalar que las medidas tomadas por los Estados ante la actual emergencia sanitaria, deben considerar la universalidad, inalienabilidad e interrelación de todos los Derechos Humanos, aplicando el principio Pro persona al caso concreto, con fines de salud pública y protección integral.

Por ello, si bien los procedimientos de fiscalización para determinar créditos fiscales se tratan y son de orden público, ante estos, el Tribunal Colegiado consideró que debe prevalecer el interés social de la protección de los Derechos Humanos; en este caso, el derecho a la salud y, por tanto, otorgar la suspensión provisional solicitada por el quejoso, mientras prevalezcan las medidas sanitarias decretadas como consecuencia de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Por otra parte, el Tribunal Colegiado también señaló que este criterio no contraviene a la jurisprudencia 2ª/J 84/2009, de rubro: SUSPENSIÓN EN EL JUCIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, toda vez que la procedencia de esa tesis no se realizó bajo el contexto de contingencia de salud mundial, como la que actualmente prevalece, por lo cual, tanto los hechos como las circunstancias jurídicas al momento de su determinación fueron distintos.

Finalmente, se concluye que la negativa de la suspensión en aras del bien jurídico tutelado en el procedimiento fiscalizador causaría una mayor afectación al interés social en la protección de los Derechos Humanos, debido a que las facultades de comprobación e interés público que revisten ese procedimiento, está limitado por los Derechos Humanos que deben ser garantizados y respetados por el Estado de Derecho.

Fuente: ProView “Impactos Legales del COVID-19”

Teresa Ganado
Legal Editor en | + posts