Política Digital en la Administración Pública

Con la era digital cobra especial importancia el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mejorar la gestión de las entidades públicas, mejorar los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos y dar una mayor transparencia a los actos de gobierno, estas acciones comprenden el denominado Gobierno Digital.

En este sentido, el 6 de septiembre se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal, las cuales tienen como base la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, publicada también en esa misma fecha.

Dichos documentos, tienen como propósito establecer las políticas y directrices que deben seguir las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) en temas de informática, el uso de las TIC, contratación de esos servicios y de gobierno digital, regidas principalmente por el principio de Austeridad que se ha impulsado desde el inicio de esta Administración, procurando el ahorro, el uso eficiente de los recursos y la autonomía e independencia tecnológica.

Entre los puntos que destacan de estas nuevas regulaciones, son los siguientes:

  • Fomentar el desarrollo de sistemas de información gubernamentales propios y de acceso abiertos que compartan entre Instituciones.
  • Priorizar el uso de Software Libre y estándares abiertos.
  • Promover el intercambio de información entre Instituciones para la simplificación de trámites, así como fomentar la digitalización de estos.
  • Promover el uso de la Firma Electrónica Avanzada como medio de autenticación para trámites y servicios.
  • Implementación de un Protocolo Homologado para la Gestión de Incidentes Cibernéticos entre las Instituciones.
  • Respecto a la temática de ciberseguridad, refiere que las Instituciones deberán contar con un Marco de Gestión de Seguridad de la Información (MSGI) que procure los máximos niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información generada, procesada, almacenada y compartida por las Instituciones.
  • El intercambio de información que utilicen las redes de Internet como transporte en la APF, debe hacerse a través de mecanismos de autenticación y cifrado mediante firmas digitales, certificados digitales o infraestructura de llaves públicas.
  • Se prevén los requerimientos para emitir un Dictamen Técnico que permitan la contratación de servicios de las TIC.
  • Todos los proyectos de TIC que las Instituciones pretendan ejecutar a través de prácticas de desarrollo, implementación propia, o a través de contrataciones deben apegarse a un proceso de planeación estratégica, formalizados e integrados por medio de un registro denominado Portafolio de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación (POTIC)

Finalmente, cabe señalar que para los especialistas en la materia la expedición de estos documentos resulta tardía e insuficiente, en el sentido de que no se establecen fechas para lograr las acciones propuestas, además que aún el país no cuenta con la infraestructura suficiente para lograr una cultura de seguridad de información y el despliegue de una mejor conectividad.

Fuente: Checkpoint

Teresa Ganado
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