Alistan contrarreforma eléctrica

Tras haber reconocido la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Cámara de Diputados perfila la discusión del dictamen a la controvertida iniciativa presidencial en materia energética que pretende suprimir el concepto de empresas productivas del Estado, garantizar la participación al menos del 54% en el suministro de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), eliminar a las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE) y la cancelación de los certificados de energías limpias.

Lo anterior como parte de la contrarreforma a los cambios normativos que se dieron durante la administración del expresidente Enrique Peña en 2013, y que de acuerdo con el actual gobierno, significó la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado.

En ese sentido, en cuanto a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica promulgada el 9 de marzo de 2021, fue impugnada por senadores de la República y por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por violar los principios de competencia económica y libre concurrencia, la SCJN desestimó tal acción al resolver que en acciones de inconstitucionalidad solo se pueden hacer valer violaciones directas a la Constitución general y a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, por lo que las normas impugnadas al no contener tales, no pueden ser analizadas a la luz del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) o el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asimismo, la SCJN reconoció la validez de los artículos que prevén la posibilidad de revocar permisos obtenidos en fraude a la ley, así como revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes, por estimar que no trasgreden los principios de no retroactividad y seguridad jurídica por no existir derechos adquiridos en aspectos relacionados con el orden público.

Cabe señalar, que si bien la SCJN validó la reforma por no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos por parte de los ministros que se requieren para declarar su inconstitucionalidad, siete de ellos se pronunciaron contra la constitucionalidad de ciertas disposiciones de la reforma aludida, por tanto, en los juicios de amparo promovidos contra ella, se podría obtener una resolución de inconstitucionalidad de esas disposiciones, ya que estos se resuelven por mayoría simple de votos.

Por otra parte, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la iniciativa presidencial, por lo que se espera que sea discutido durante esta semana por el Pleno que, en caso de ser desechado, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año, según lo dispuesto por el artículo 72, apartado G de la Constitución Federal.

Si desea conocer sobre esta y otras importantes reformas puede consultarlas desde la plataforma Checkpoint.

 

 

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Teresa Ganado
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts