Identidad digital en México: Llave MX, CURP Digital y el impulso a los pagos electrónicos
La identidad digital en México atraviesa una etapa de definición institucional y normativa. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la regulación y administración de Llave MX —herramienta nacional de identificación y acceso a servicios y trámites digitales— corresponden exclusivamente a la Federación.
La Corte invalidó disposiciones de la Ley de Transformación Digital del Estado de Morelos que otorgaban a una autoridad facultades para habilitar, administrar y emitir lineamientos sobre la operación de la Llave MX. Con ello, delimitó las competencias de la Federación y de las entidades locales.
Asimismo, reconoció la validez de las facultades locales para proponer estrategias y políticas de conectividad en espacios públicos, orientadas a ampliar el acceso a Internet.
En el ámbito legislativo, el Ejecutivo Federal presentó, como parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2027, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
De conformidad con sus artículos 5, 6 y 7, la iniciativa contempla que la CURP Digital, incorporada en la reforma de 2025 a la Ley General de Población, pueda emplearse como mecanismo confiable para acreditar la identidad de las personas durante la contratación de servicios financieros. Con ello, se busca facilitar la realización de estos procesos a distancia.
El uso de la CURP Digital no sería obligatorio. El artículo 6 permitiría que la persona usuaria eligiera entre este mecanismo y cualquier otro medio de identificación oficial, conforme a las leyes financieras y demás disposiciones aplicables.
La iniciativa también contempla el Expediente Digital Ciudadano, mediante el cual las entidades podrán consultar o utilizar, a solicitud de la persona interesada, los documentos y la información necesarios para contratar y acceder a servicios financieros.
El proyecto se aplicaría sin perjuicio de las leyes financieras, mercantiles y civiles, así como de las disposiciones administrativas y demás normas especiales aplicables a la identificación y contratación digital. Su finalidad sería establecer un marco jurídico que promueva el uso de medios de pago electrónicos y facilite los procesos de contratación a distancia.
En esta materia, la iniciativa prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores estratégicos o las actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrían convertirse en la única modalidad de cobro aceptada.
Una vez que la SHCP realice dicha determinación, las autoridades competentes deberán emitir las disposiciones administrativas necesarias. Estas establecerían las condiciones, los requisitos, las obligaciones, los mecanismos de operación y los plazos aplicables a la transición gradual desde el uso de medios de pago digitales y electrónicos.
De aprobarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, la aceptación exclusiva de medios de pago digitales y electrónicos en los sectores o actividades determinadas no operaría de manera automática. Su implementación dependería de la determinación de la SHCP y de la emisión de las disposiciones específicas por parte de las autoridades competentes.
En caso de contingencia que impida aceptar pagos digitales, el proyecto permitiría el uso de efectivo o cheque. Esta excepción no podría invocarse de manera permanente o recurrente con el propósito de eludir las obligaciones previstas.
La aprobación de esta iniciativa representaría un avance relevante para la transformación digital de México, al establecer reglas para el uso de mecanismos de identificación digital, facilitar la contratación remota de servicios financieros y reducir la dependencia de documentos físicos y trámites presenciales.
En este contexto, la identidad digital adquiere una importancia creciente como herramienta para acreditar la identidad de las personas, gestionar información y facilitar el acceso a servicios públicos y privados.
El principal reto consistiría en asegurar que esta transformación se implemente con reglas claras, coordinación institucional, protección de datos personales, seguridad tecnológica y condiciones de acceso que eviten nuevas brechas de exclusión.
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