De los requerimientos de información en revisión de gabinete

Las revisiones de gabinete o de escritorio como comúnmente se les denominan tienen como propósito que las autoridades fiscales comprueben el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos, revelar la comisión de delitos y proporcionar información a otras autoridades de la materia de los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con quienes se relacionan o los asesores fiscales, requiriéndoles para tal efecto a través de un oficio de solicitud que exhiban la contabilidad, datos, documentos u otros informes necesarios para su revisión.

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la tesis jurisprudencial  2ª./J.68/2000 ha establecido que la orden de revisión de escritorio o gabinete se rige por el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, por tanto tiene que estar debidamente fundada y motivada, lo que implica que se debe señalar la documentación que se requiere, la categoría que se le atribuye al gobernado a quien se dirige, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar, esto con el objeto de dar seguridad jurídica y evitar el uso indebido de la facultad de comprobación, en perjuicio de los particulares.

Ahora bien, en caso de que no se cumpla con el requerimiento de información y documentación en los términos solicitados, además de la imposición de la multa correspondiente conforme a los artículos 40, fracción II y 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad realizará nuevamente la solicitud de la información y documentación a través de un segundo requerimiento para continuar con el procedimiento.

De no estar de acuerdo con la resolución que emita la autoridad fiscal se tiene como medios de defensa el recurso de revocación o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero en caso de este segundo requerimiento ¿podría proceder un juicio de amparo indirecto?

Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis (IV Región) 1°.3 A (11ª.) determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el segundo requerimiento de documentación e información con motivo de un procedimiento de revisión de gabinete, al no constituir un acto cuya ejecución sea de imposible reparación.

Para llegar a esa conclusión el Colegiado determinó que aunque el segundo requerimiento también implica la obligación de exhibir la documentación faltante en relación con la primera que le fue solicitada este constituye un acto intermedio en el procedimiento de revisión, por tanto se trata de una extensión o continuidad de la facultad que da origen a la revisión de gabinete, por consecuencia no se actualiza la regla general ni especial de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, no se considera que sea un acto de imposible reparación, entendiéndose por estos aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución.

Sin embargo, especialistas en la materia difieren de dicho criterio jurídico en razón de que la orden del requerimiento de información que se desarrolla durante el procedimiento de revisión de gabinete, se traduce en un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución, en particular en la persona, papeles y posesiones, por lo que sí se podría interponer un amparo indirecto, de lo contrario se obliga al gobernado a soportar hasta la conclusión del procedimiento respectivo las consecuencias de un acto que en principio no debió surtir efectos.  También  señalan que efectuar diversas solicitudes de información por parte de la autoridad resulta ilegal, ya que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación indica que se realizará únicamente un requerimiento inicial de la información para la revisión.

Fuente: Checkpoint

 

Teresa Ganado
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