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Alistan nueva reforma administrativa

La Presidencia de la República envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones en Materia Administrativa, que prevé cambios en 23 leyes con la finalidad de fortalecer a la Administración Pública Federal (APF) en la provisión de servicios otorgados por el Estado, en los que deberá prevalecer el interés público y la seguridad nacional.

Bajo esa tesitura, la citada iniciativa pretende fortalecer la rectoría de la nación y en consecuencia la capacidad de actuación de sus dependencias, por lo que entre lo propuesto destaca:

Juicio de lesividad y procedimiento de nulidad

Se reforman las leyes, Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de establecer la definición del juicio de lesividad y enunciar los supuestos por los que una resolución administrativa puede ser considerada de ilegal; de igual forma se modifica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para establecer su procedencia, cuando el acto administrativo se emita sin reunir los elementos de validez y el alcance de sus efectos implicara la consideración de un hecho inválido no ejecutable ni subsanable.

Cláusula exorbitante

Se modifican las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de establecer la obligación de incluir una cláusula de terminación anticipada en los contratos que celebren dependencias y entidades a nivel nacional e internacional.

Límite a indemnizaciones

Se reforman las leyes General de Bienes Nacionales, Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de Expropiación y Federal de Procedimiento Administrativo, con el fin de establecer límites a los montos de las indemnizaciones, cuando se condene a su pago en procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, tanto nacionales como extranjeros.

Licitaciones públicas

Se modifica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico, con la finalidad de que se pueda adquirir bienes en licitación pública internacional sin agotar la licitación pública nacional.

Revocación de actos administrativos

Se propone facultar a la Administración Pública Federal para revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados.

Asunción de facultades entre dependencias

Se crean las figuras de integración y reintegración, con el objeto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda proponer al Ejecutivo Federal la transferencia de personal y de recursos financieros y materiales a las dependencias de la APF.

Recuperación expedita de inmuebles por vía administrativa

Se modifica la Ley General de Bienes Naciones, para generar un procedimiento expedito de recuperación por la vía administrativa de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación.

Sectorización de entidades paraestatales

Se amplían las posibilidades de sectorización de las entidades paraestatales con el fin de que su agrupación pueda responder no solo a actividades económicas, sino al interés público, general y social o a la seguridad nacional.

Por otra parte, la iniciativa ha sido señalada de priorizar las prerrogativas del Estado sobre los derechos de los particulares bajo el argumento del interés público, además de que en aras de la seguridad nacional y el bien común abre la puerta a la discrecionalidad por parte de las entidades administrativas.

En tanto, la exposición de motivos de tal iniciativa enfatiza que busca salvaguardar y prevenir desviaciones de los recursos públicos, así como corregir actos emitidos en contravención a la ley y los que han dejado de cumplir con los fines para los que fueron previstos.

Finalmente, la iniciativa presidencial fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su análisis y elaboración del dictamen respectivo.

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Teresa Ganado
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts