Las controversias constitucionales del IFT y la COFECE

Una controversia constitucional es un proceso jurisdiccional de control de regularidad de la Constitución Federal, seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la que se resuelven conflictos de legalidad o constitucionalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales en los distintos órdenes de gobierno.

Bajo esta tesitura, los órganos constitucionales autónomos, como en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), están dotados conforme al artículo 105 constitucional fracción I), inciso l), para promover controversias constitucionales cuando consideren invadida su esfera competencial por parte del Ejecutivo Federal o del Congreso de la Unión, o bien, de otro órgano constitucional autónomo.

Cabe señalar que, con la reciente reforma judicial de fecha 11 de marzo de 2021, las controversias constitucionales únicamente podrán hacerse valer por violaciones a la Constitución, así como a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Controversia Constitucional promovida por el IFT en contra del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil

El Pleno del IFT resolvió presentar una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR)”, publicado en el DOF el pasado 16 de abril de 2021, por el cual se crea el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, en razón de que el instituto no cuenta con los recursos para llevar a cabo acciones de instalación, operación, regulación y mantenimiento del citado padrón, por lo que se configura una afectación directa a una garantía institucional de ese órgano autónomo previsto en la Constitución.

Asimismo, indicó que el acto legislativo que ordena la creación de ese padrón contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, mismos que son Derechos Fundamentales.

Controversia Constitucional promovida por la Cofece en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

La Cofece interpuso una controversia constitucional ante la SCJN, con el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, al considerar que parte de su contenido es contrario a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad, lo cual afecta la esfera competencial de la Cofece al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en ese sector.

Cabe señalar que recientemente fue admitida por la SCJN, sin embargo, se negó la suspensión provisional solicitada por la Cofece, toda vez que, de acuerdo con el máximo tribunal, el fondo del asunto es la invasión de competencias.

¿Qué sigue?

Más allá de la controvertida intención del Ejecutivo Federal de desaparecer estos órganos constitucionales autónomos, lo cierto es que, hasta el día de hoy, son actores clave en la defensa y protección de los Derechos Humanos, sustentada en los frenos y contrapesos para la limitación de poderes de los órganos de gobierno.

Ahora bien, una vez que son admitidas a trámite las controversias constitucionales, como en el caso de la Cofece, se procederá al estudio de fondo de las cuestiones planteadas para resolver sobre la validez o invalidez de las normas impugnadas.

En este sentido, con la reciente reforma en materia judicial, se resolverá si esas normas son violatorias de la Constitución o de Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, fijando para tal efecto en las resoluciones respectivas los alcances y efectos de las sentencias, es decir, las partes frente a las cuales −de ser el caso− aplicarían las declaraciones de invalidez, así como el momento a partir del cual lo harán.

Esto, sin duda, será de gran trascendencia para conocer cuáles serán los criterios de nuestro Máximo Tribunal, con las recientes reformas a su sistema, por ello lo invitamos a mantenerse al día desde su plataforma Checkpoint.

 

Teresa Ganado
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