Análisis Jurisprudencial

Implicaciones de la personalidad jurídica en sociedades irregulares

El otorgamiento de la personalidad jurídica de las personas colectivas está condicionada a su debida inscripción ante el Registro Público del Comercio, según se desprende del artículo 2, primer párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).

Sin embargo, existen ciertas sociedades que funcionan y realizan operaciones a nombre de esta frente a terceros pese a la falta de inscripción e incluso constitución ante notario público, denominadas como sociedades irregulares.

Tal circunstancia ha sido solventada por la legislación en el propio artículo 2 de la LGSM, en el sentido de atribuirles personalidad jurídica y establecer la responsabilidad a cargo de quienes se han ostentado como representantes o mandatarios o que en general hayan celebrado operaciones a nombre de la sociedad frente a terceros.

Así, los elementos clave para poder identificar la existencia de una sociedad irregular en términos del citado precepto son:

  • La existencia de una sociedad, constituida o no ante notario público, es decir, inclusive una empresa de facto.
  • La falta de inscripción de dicha sociedad ante el Registro Público de Comercio (aun y cuando su constitución sí conste ante notario público)
  • Su exteriorización como sociedad frente a terceros.

Este último requisito es precisamente la consecuencia legal para las sociedades irregulares y sus representantes, es decir, el otorgamiento de la personalidad jurídica y la obligación de responder frente a terceros a efecto de tutelar los intereses de los sujetos que celebraron operaciones con estas.

Por tanto, para poder demandar en juicio a una sociedad irregular primero debe demostrarse su existencia para después dotarla de personalidad jurídica y puedan atribuirse las obligaciones que le correspondan.

En esa tesitura, si uno de los elementos necesarios para afirmar la existencia de una sociedad irregular es que se haya revelado frente a terceros, aun cuando no estuviera legalmente constituida o debidamente inscrita ante la autoridad registral, debe implicar la exteriorización como empresa frente a terceros.

Sobre el particular, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió la Tesis I.5o.C.149 C (11a.) bajo el rubro: SOCIEDADES IRREGULARES. PARA ATRIBUIRLES PERSONALIDAD JURÍDICA EN JUICIO, ES INDISPENSABLE PROBAR QUE SE EXTERIORIZAN Y ACTÚAN COMO TALES FRENTE A TERCEROS.

 Luego de que, en un juicio de amparo directo, se hiciera valer el hecho de que dos empresas combinaran esfuerzos para la realización de un proyecto común, lo que significaba la creación de una sociedad irregular, teniendo como consecuencia la responsabilidad solidaria respecto del pago de las prestaciones reclamadas.

Al respecto, el criterio jurídico que determinó el Tribunal Colegiado de Circuito es que, para atribuir personalidad jurídica en juicio a las sociedades irregulares, es indispensable probar que se exteriorizan y actúan como tales frente a terceros.

En ese sentido, como se ha señalado, la ley les atribuye personalidad jurídica a las sociedades irregulares para que se hagan responsables, junto con sus representantes o mandatarios, de los actos u operaciones que celebraron con terceros, lo que encuentra razón de ser porque si la sociedad irregular no ha llevado a cabo esa exteriorización, entonces no existirían terceros a quien la ley deba proteger.

Por tanto, el Tribunal Colegiado de Circuito concluye que el elemento toral para probar la existencia de una sociedad irregular en juicio, consiste en demostrar la existencia de hechos o actos jurídicos mediante los cuales la sociedad irregular se haya exteriorizado como tal frente a terceros, es decir, que funcione de facto y se haya revelado como una persona jurídica, aunque en el fondo no estuviera legalmente constituida o debidamente inscrita ante la autoridad registral.

Así, cuando dos personas físicas o morales combinan esfuerzos de manera voluntaria para un fin común, no se está en presencia, por regla general de una empresa irregular, es decir, esa colaboración no supone un hecho o acto jurídico mediante el cual alguna sociedad se haya exteriorizado como tal frente a terceros.

Interpretar lo contrario, señala el Tribunal Colegiado de Circuito, implicaría que cualquier acto de colaboración entre dos o más personas se traduzca en la creación de una persona moral, lo que no puede ser así, porque para ello es necesaria la existencia de un elemento volitivo encaminado a crear una empresa para combinar recursos o esfuerzos para la consecución de una finalidad en común.

Por ende, para acreditar la existencia de una sociedad irregular en un juicio, se debe corroborar si se llevaron a cabo hechos o actos jurídicos ostentándose como una empresa sin estar legalmente autorizada para ello, para que así una vez acreditada la personalidad jurídica se establezcan las responsabilidades que correspondan a cargo de las personas que se haya ostentado como representantes o mandatarias de estas, o que hubieran celebrado operaciones a nombre de la misma, las cuales conforme al artículo 7 de la LGSM contraerán frente a terceros, responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones, sin perjuicio de la carga penal en que hubieran incurrido.

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Teresa Ganado
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts