Análisis Jurisprudencial

El carácter de no autoridad para el juicio de amparo en embargos o limitación de fondos bancarios

El concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo ha llegado a concebirse no solo frente a las arbitrariedades del poder público, sino también a particulares, así conforme al artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, para que un acto sea objeto de un juicio se requieren las siguientes características:

  • Que realice actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que dicte, ordene, ejecute o trate de llevar a cabo algún hecho en forma unilateral y obligatoria.
  • Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas.
  • Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado.

Aunque la Ley de Amparo permite el juicio contra actos de particulares, tal posibilidad está restringida a aquellas acciones que sean equivalentes o similares a los actos de autoridad, debido a que emanan de una posición de poder sobre otros y no meramente de hechos que se consideran ilegales.

En esa tesitura, se suscitó una controversia entre tribunales colegiados de circuito al analizar si las instituciones bancarias tienen o no el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando embargan o limitan la disposición de los fondos con base en un mandato judicial, mientras que uno consideró que sí tenían ese carácter, el otro estimó que no.

Si bien podría decirse que se tratan de actos que definitivamente repercuten en la esfera jurídica de los gobernados, en tanto que restringen los recursos económicos que se encuentran depositados en las cuentas bancarias de los afectados, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro- Sur, con residencia en la Ciudad de México, resolvió que:

              Los actos de embargo, retención o limitación de fondos de cuentas bancarias llevados a cabo por las instituciones bancarias, derivados de órdenes de carácter jurisdiccional, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no ser equiparables a los previstos en los términos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia.

Ello debido a que, la ejecución de los mandatos que ordenan el embargo o retención de fondos, no se llevan a cabo unilateralmente por parte de las instituciones de crédito, esto es, no actúan utilizando su voluntad o en cumplimiento de una norma que así las obligue y que por ende las provea de imperio en una relación de supra a subordinación con los titulares de las cuentas bancarias.

Por lo que, los bancos no son responsables de la constitucionalidad de estas acciones, ya que no actuaron por iniciativa propia sino como respuesta a una autoridad jurídica.

En consecuencia, no pueden ser considerados como la autoridad responsable en un juicio de amparo, ya que el acto no proviene de una decisión autónoma de la institución bancaria.

En ese orden de ideas, los bancos, al ejecutar embargos o retenciones en cuentas por órdenes judiciales, no actúan con autoridad unilateral y obligatoria cuyo ejercicio sea irrenunciable y de naturaleza pública asignada por el Estado.

Para que una entidad financiera sea considerada como autoridad estatal al transgredir derechos fundamentales, sus acciones deben estar fundamentadas en una norma general que les conceda dichas atribuciones, de ahí que solo puedan considerarse actos en auxilio de la administración pública.

Por tanto, los embargos o retenciones de fondos de cuentas bancarias realizados por instituciones bancarias en cumplimiento de órdenes judiciales no son considerados actos de autoridad, según lo establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, ya que no cumplen con las características y condiciones necesarias para ser tratados como tales.

Finalmente, tal criterio emitido por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro- Sur, con residencia en la Ciudad de México, prevalece con carácter de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 3 de mayo de 2024, con número de localización PR.A.C.CS. J/1 K (11a.)

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Teresa Ganado
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts