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SCJN ratifica reforma a la Ley de Hidrocarburos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró la validez de diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, tras la reforma publicada en el DOF del 4 de mayo de 2021, referentes al otorgamiento y revocación de permisos para el desarrollo de diversas actividades en la materia como son refinación, exportación, importación, transporte, distribución, comercialización y expendio al público.

En ese sentido, la Corte resolvió que previamente a la reforma, la autoridad ya estaba facultada para revocar permisos y existía la obligación de cumplir con una determinada capacidad de almacenamiento de hidrocarburos.

Así, respecto a la disposición prevista en el artículo sexto transitorio que prevé la revocación de permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la ley, el máximo tribunal resolvió:

  • No constituye una violación al principio de seguridad jurídica, dado que previo a la reforma ya existía la figura de la revocación de permisos, la cual no es automática, pues se requiere de un procedimiento en el que se determine que la permisionaria incumplió con las obligaciones previstas en la ley.
  • De igual forma, no viola el principio de legalidad, al existir precisión en las sanciones que se impondrán cuando incumplan las disposiciones previstas, entre ellas, la revocación del permiso sin que se hayan incorporado nuevos supuestos para el efecto.

Por lo que refiere a la disposición relativa a cumplir con la capacidad de almacenamiento que establezca la Secretaría de Energía (Sener), así como a la revocación de aquellos permisos que incumplan con el requisito de almacenamiento, estipulados en los artículos 51, fracción III y cuarto transitorio, se determinó que:

  • La obligación de cumplir con la capacidad de almacenamiento, ya se establecía previamente a la reforma, en el artículo 80, fracción II de la ley.
  • Lo dispuesto en el cuarto transitorio, no podrá tener efectos retroactivos en perjuicio de permisionario alguno, pues para que un permiso pueda ser revocado, se tendrá que determinar que hubo incumplimiento a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su otorgamiento.
  • Tales preceptos no implican una amenaza para los actuales permisionarios, ni una barrera a la participación de terceros en el mercado, además que dicho requisito es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema.

Finalmente, por lo que respecta a la figura de la suspensión temporal de los permisos, cuando se prevea una causa de seguridad nacional, contemplada en los artículos 57 y 59 Bis, se estableció que:

  • La figura de la suspensión no implica una confiscación del patrimonio de los permisionarios, toda vez que es un procedimiento establecido legalmente para que la autoridad deje sin efecto temporal un permiso.
  • Las disposiciones no son violatorias de los principios de seguridad jurídica, de libre competencia y concurrencia en el mercado de hidrocarburos, ya que se busca que las instalaciones suspendidas continúen en la prestación de sus servicios con la ayuda provisional de empresas productivas del Estado, en tanto desaparece la situación que se estima como peligrosa e ilegal.
  • No se afecta la seguridad jurídica de los permisionarios, porque al efecto se concede previamente la garantía de audiencia y, una vez determinada la suspensión en una resolución debidamente fundamentada y motivada, estos podrán solicitar su terminación por haber concluido el motivo que la originó.

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Teresa Ganado
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts