Nueva ley prevé que Sedena coordine vigilancia del espacio aéreo
La iniciativa presidencial por la que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la coordinación con las autoridades de la Administración Pública Federal para la vigilancia y protección sobre el espacio aéreo mexicano, fue avalada recientemente por la Cámara de Diputados y turnada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Si bien, el espacio aéreo por tratarse de una vía general de comunicación sujeta al dominio de la nación es regulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de acuerdo con la exposición de motivos de la ley, la intervención de la Sedena se justifica para aprovechar su capacidad estratégica a efecto de disuadir amenazas que vulneran la seguridad nacional.
Así, se delimitan las funciones de la SICT y de la Sedena como principales responsables de garantizar el uso legal del espacio aéreo de la siguiente forma:
| SICT | Facultad: Regular la explotación, uso o aprovechamiento del espacio aéreo nacional respecto de los servicios de transporte aéreo civil. | Principal función: Observar que las aeronaves civiles circulen conforme a las normas de tránsito aéreo. |
| Sedena | Facultad: Vigilar y proteger el espacio aéreo nacional. | Principal función: Identificar aeronaves que circulen fuera de las normas de tránsito aéreo. |
Asimismo, se crea el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo integrado con recursos de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que tendrá como función llevar a cabo las acciones de alertamiento, interceptación, identificación y asistencia de aeronaves en emergencia.
Por otra parte, el órgano legislativo también discute las propuestas de reformas enviadas por el Ejecutivo Federal de las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, controvertidas por las aerolíneas ya que propone permitir el cabotaje de permisionarias extranjeras en aeropuertos y aeródromos nacionales, es decir que compañías extranjeras realicen vuelos locales, lo que actualmente está prohibido por el marco jurídico.
Y es que se ha señalado que el cabotaje de aerolíneas extranjeras propiciaría la desaparición de compañías locales de menor tamaño, en tanto, la iniciativa presidencial argumenta que con ello se incrementaría el turismo, ampliar las rutas regionales y contar con servicios aéreos de mejor calidad y eficiencia al menor costo.
Finalmente, la propuesta de reforma a tales ordenamientos prevé incrementar las sanciones a los concesionarios o permisionarios que no se sujeten a los itinerarios, frecuencias de vuelo y horarios autorizados.
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