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SCJN analizará responsabilidad penal del CP

En la próxima sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a celebrarse el  17 de enero, se discutirá la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción III, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF) referente a la obligación de los contadores públicos (CP) inscritos, de informar a la autoridad tributaria cuando un contribuyente (es decir, un cliente suyo) ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal.

En ese sentido, en el proyecto de la sentencia del amparo en revisión 818/2023, formulada por el ministro Javier Laynez Potisek, se destacan los siguientes puntos de la norma en comento:

  • Altera la naturaleza jurídica del dictamen rendido por el contador público registrado, el cual no es sino una mera opinión por parte de ese auxiliar del fisco y, sin embargo, con el deber de informar en los términos narrados, en realidad esa obligación se torna un instrumento adicional a la fiscalización para conocer el comportamiento del contribuyente.
  • Resulta incomprensible que legislativamente se exija a profesionistas cuyos conocimientos no se vinculan directamente con aspectos propios de la materia penal, que informen a una autoridad administrativa (como lo es la autoridad fiscal) sobre conductas desplegadas por los contribuyentes que “puedan” constituir un delito en materia fiscal.
  • Afecta la seguridad jurídica de los contadores registrados, al imponérseles el deber de informar a la autoridad fiscal sobre conductas de las cuales no tienen la plena seguridad de que hayan sido catalogadas por la autoridad ministerial como ilícitos en materia fiscal.
  • La medida contenida en la norma analizada puede tener un efecto inhibitorio en el ejercicio de la actividad realizada por los contadores públicos registrados en la medida en que al sancionarse el incumplimiento de la obligación establecida en el tercer párrafo de la fracción III del numeral 52 del Código Fiscal de la Federación, dichos profesionistas podrán optar por no dictaminar a los contribuyentes ante el riesgo de que, eventualmente, la autoridad fiscal determine que inadvirtieron la comisión de un ilícito el cual no hicieron de su conocimiento.

En esa tesitura, se considera que tal obligación establece un deber que no resulta necesario para la finalidad constitucional que persigue, por tanto genera inseguridad jurídica a los contadores públicos, por lo que concedió el amparo a la parte quejosa.

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Teresa Ganado
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts