Restricción de áreas comunes en condominios: ¿constituye un acto de autoridad para efectos del amparo?
En el régimen de propiedad en condominio es frecuente que se suspenda o restrinja el uso de áreas comunes —como elevadores o amenidades—, debido al incumplimiento de cuotas de mantenimiento. Cuando el afectado acude al juicio de amparo, la calidad del administrador como autoridad responsable se convierte en una cuestión previa, pues de ella depende que la demanda sea admitida o desechada de plano.
El artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares pueden adquirir ese carácter, pero únicamente cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur fijó el alcance de esa regla para los órganos de administración condominal.
Antecedentes de la contradicción
La contradicción de criterios surgió entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la queja 186/2021, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver la queja 411/2025.
En el primer asunto, una persona moral demandó al administrador y al comité de un condominio comercial por la restricción del uso de cuatro elevadores comunes. La jueza de distrito rechazó la demanda. El tribunal confirmó el desechamiento respecto de esos órganos, al considerar que no son autoridades para efectos del amparo y que esa causa de improcedencia era manifiesta e indudable desde el inicio.
En el segundo asunto, una persona física reclamó a la mesa directiva de un condominio, a través de la empresa que lo administra, la restricción del uso de bienes de propiedad común. La jueza de distrito también rechazó la demanda. El tribunal estimó que el desechamiento era indebido, porque el auto inicial no constituye la etapa procesal idónea para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad; por ello ordenó admitir la demanda.
Razón de la contradicción
Ambos tribunales analizaron la misma cuestión jurídica: si la suspensión o restricción del uso de áreas comunes, atribuida al órgano de administración de un condominio, constituye acto de autoridad para efectos del amparo. Llegaron a posturas opuestas sobre el momento procesal en que puede resolverse esa cuestión.
El primer tribunal resolvió la cuestión desde el auto inicial, y con base en ello, desechó la demanda. El segundo, en cambio, consideró que esa etapa procesal no era adecuada para ello.
El Pleno precisó que el primer tribunal no afirmó que la administración condominal sea autoridad, y que el segundo no sostuvo lo contrario, sino que consideró insuficientes los elementos para resolver la cuestión en ese momento. La contradicción, por tanto, no versa sobre la naturaleza del condominio, sino sobre si la calidad de autoridad puede examinarse en el auto inicial.
Criterio jurídico adoptado
El Pleno declaró la existencia de la contradicción y determinó que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el siguiente criterio:
La suspensión o restricción del uso de áreas comunes o amenidades atribuida a los órganos de administración de un condominio privado no constituye un acto equivalente a los de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando deriva exclusivamente de las reglas de organización interna del régimen condominal y no del ejercicio de una potestad pública conferida por una norma general.
La resolución fija además dos límites. El primero es que la improcedencia respecto del administrador no conduce al desechamiento total de la demanda cuando se impugna una norma general atribuida a autoridades responsables. El segundo es que el criterio no determina la vía ordinaria, jurisdiccional o arbitral aplicable para controvertir la actuación del órgano de administración.
Justificación
El artículo 5 , fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige que, para que un particular sea autoridad responsable, sus actos sean equivalentes a los de autoridad, afecten derechos y tengan sus funciones determinadas por una norma general.
Esa equivalencia requiere dos elementos: un nexo normativo de origen estatal que coloque al particular en una posición diferenciada para producir unilateralmente la afectación, y una potestad que materialmente constituya función pública. Por ello, no basta que una ley reconozca o regule las facultades del órgano de administración condominal; es necesario que le atribuya una potestad originariamente estatal o de naturaleza pública.
Cuando la restricción deriva del reglamento interno, de acuerdos de la asamblea o de las reglas de convivencia entre condóminos, el administrador actúa en una relación de coordinación entre particulares y no en ejercicio de una potestad pública delegada. En tales condiciones, no se actualizan los elementos que permiten equiparar su actuación a la de una autoridad.
Finalmente, si esa naturaleza puede establecerse objetivamente a partir de la demanda, sus anexos y el marco normativo aplicable, sin necesidad de esclarecer hechos controvertidos ni de allegarse elementos que puedan modificar la conclusión durante el procedimiento, el juzgador puede examinar la cuestión desde el auto inicial y, en su caso, desechar la demanda conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo.
Alcance normativo
Primera: qué define si el administrador es autoridad. La pregunta no es quién realiza el acto ni qué relación tiene con los condóminos, sino de dónde viene la facultad que ejerce.
Si la restricción se funda en el reglamento interno o en acuerdos de la asamblea, esa facultad nace de la organización privada del condominio. El acto queda entonces en una relación entre particulares, aunque la ley local reconozca al administrador y regule sus funciones. Ese reconocimiento no le da una potestad pública.
Segunda: cuándo puede resolverse desde el inicio. El juez no tiene que esperar a la sentencia para decidir si el administrador es autoridad, pero solo puede hacerlo sin pedir pruebas cuando el origen de la facultad se advierte con claridad del propio expediente.
Si para llegar a esa conclusión hay que esclarecer hechos, valorar pruebas o esperar a que se produzcan elementos nuevos, la demanda debe admitirse y el tema se resuelve en la sentencia. En cambio, cuando la improcedencia sea evidente desde el inicio, el juez puede desechar la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
Tercera: el alcance del desechamiento. Que el administrador no sea autoridad no significa que toda la demanda se pierda. Si además se impugna una norma general, atribuida formalmente a autoridades responsables, esa parte puede seguir adelante. La medida restrictiva puede servir como acto de aplicación para cuestionar la norma.
Este criterio quedó sustentado en el registro digital 2032893, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 13 de noviembre de 2026, bajo el rubro: “ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA SUSPENSIÓN O RESTRICCIÓN DEL USO DE ÁREAS COMUNES O AMENIDADES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE UN CONDOMINIO PRIVADO, CUANDO DERIVA EXCLUSIVAMENTE DE LAS REGLAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL RÉGIMEN CONDOMINAL., emitido por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.
Al tratarse de una tesis jurisprudencial, es de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 17 de noviembre de 2026, en términos del punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).






















































































































































