Avanza reforma a la Ley de Inversión Extranjera
El Senado de la República aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para reformar la Ley de Inversión Extranjera (LIE), con el objeto de fortalecer la evaluación de aquellas operaciones que puedan representar riesgos o amenazas para la seguridad nacional.
Durante la dictaminación se realizaron diversos ajustes a la propuesta original, entre los que destacan la incorporación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), la reducción del plazo para resolver las solicitudes sujetas al nuevo procedimiento y la incorporación de la desinversión como posible consecuencia adicional a las sanciones.
En ese contexto, la reforma incorpora un nuevo Título Sexto Bis, “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”, con el fin de establecer un procedimiento especial de escrutinio en esta materia y definir las inversiones extranjeras sujetas a dicho control.
En particular, el artículo 30 Bis establece que se requerirá resolución favorable de la CNIE cuando la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en más del 49 % del capital social de una sociedad mexicana, cuyo valor total de activos rebase el monto que determine la propia Comisión mediante resolución general y que su actividad económica corresponda a alguno de los sectores previstos en la Ley.
Entre dichos sectores se encuentran las infraestructuras estratégicas físicas o virtuales; tecnologías críticas y productos de doble uso; suministro de insumos fundamentales y seguridad alimentaria; así como el acceso a información sensible, particularmente datos personales.
La CNIE podrá resolver las operaciones sujetas a escrutinio en tres sentidos: declarar viable la adquisición, condicionarla al cumplimiento de medidas para mitigar los riesgos identificados o impedirla por razones de seguridad nacional.
Principales ajustes realizados por el Senado
Durante la dictaminación, el Senado incorporó a la ATDT como integrante de la CNIE con voz y voto, en consideración de sus atribuciones relacionadas con telecomunicaciones, infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y otras tecnologías vinculadas con los sectores que podrán ser objeto de escrutinio.
Asimismo, redujo de 60 a 45 días hábiles el plazo para que la CNIE resuelva las solicitudes sometidas al procedimiento especial. También simplificó las reglas procedimentales, estableciendo la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en lo no previsto expresamente por la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.
Otro ajuste relevante prevé que la CNIE pueda determinar una acción de desinversión, además de imponer sanciones económicas correspondientes. Para ello, se otorgaría a la persona inversionista extranjera un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por un periodo igual, para desincorporar los activos adquiridos.
En materia sancionadora, el dictamen incorpora precisiones para diferenciar las infracciones correspondientes al régimen general de autorizaciones de aquellas derivadas del nuevo procedimiento de seguridad nacional.
La reforma contempla multas de 5 mil a 200 mil UMA por efectuar las operaciones previstas en el nuevo régimen sin contar con la autorización correspondiente o por incumplir las medidas de mitigación determinadas por la CNIE.
Finalmente, el Senado incorporó una disposición transitoria para que los asuntos que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor del decreto continúen sustanciándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.
Impacto en cumplimiento
La reforma exigirá que los inversionistas evalúen previamente el porcentaje de participación, el valor de los activos de la sociedad mexicana y la actividad económica involucrada, a fin de determinar si una operación queda sujeta al escrutinio de seguridad nacional y requiere resolución favorable de la CNIE.
Asimismo, deberán considerar, desde la estructuración y evaluación de la operación, la posible imposición de medidas de mitigación, sanciones económicas y órdenes de desinversión.
Tras su aprobación, el 30 de septiembre de 2026, el Senado remitió el proyecto a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
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