La prohibición del outsourcing cada día más cercana, ¿están preparadas las empresas?

El 15 de abril del presente año el Senado de la República informó que el 14 de abril recibió de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos ordenamientos en materia de subcontratación laboral, y dada su importancia −de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176, numeral 2 del Reglamento del Senado− la remitió de manera directa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, para iniciar su análisis y posterior discusión en el Pleno.

Así, después de cinco meses de que fue presentada por el Ejecutivo Federal la iniciativa de reforma a diversas leyes para prohibir la subcontratación laboral en nuestro país y realizarse distintos ejercicios de diálogo para lograr el consenso entre el Gobierno Federal, el sector empresarial y los sindicatos, plasmado en el dictamen que la Cámara Baja aprobó en lo general y en lo particular el 13 de abril de 2021 y remitió al Senado de la República para los efectos constitucionales, es casi un hecho la prohibición de la subcontratación de personal en los términos que conocemos actualmente.

La minuta que se encuentra en análisis en las comisiones unidas de la Cámara de Senadores, contiene diferencias importantes con respecto a la propuesta original del Ejecutivo Federal, pues prohíbe el uso de la subcontratación de personal tanto en el sector público como en el privado, y permite únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas −de contratistas registrados en el padrón público que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)− distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante del beneficiario de estos.

Para ello, el documento prevé la reforma, adición y derogación de varias disposiciones de las leyes siguientes: (i) la Ley Federal del Trabajo (LFT); (ii) la Ley del Seguro Social (LSS); (iii) la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Linfonavit); (iv) del Código Fiscal de la Federación; (v) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); (vi) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA); (vii) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servido del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (LFTSE), y (viii) de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución.

De acuerdo con los artículos transitorios, el decreto entraría en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOF, con excepción de las modificaciones a las leyes fiscales y del sector público que iniciarán su vigencia en agosto de 2021 y en 2022, respectivamente.

No obstante, para el cumplimiento de la nueva regulación en material laboral y seguridad social se conceden plazos específicos que los empleadores deben tomar en cuenta para, de ser el caso, comenzar a realizar los ajustes correspondientes en la contratación de los trabajadores que a la fecha están subcontratados, a saber:

Obligación laboral y de seguridad social Plazo para su cumplimiento
Expedición de la reglamentación sobre el registro de los contratistas ante la STPS Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la SPTS deberá expedirla
Obtención del registro ante la STPS por parte de los contratistas 90 días naturales, contados a partir de la publicación de la reglamentación por parte de la STPS
Transmisión del personal subcontratado a la empresa beneficiaria, con reconocimiento de derechos laborales como la antigüedad Tres meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto
Baja de registros patronales por clase solicitados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para realizar la inscripción de trabajadores a nivel nacional Tres meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto
Entrega al IMSS de la información de los contratos de prestación de servicios o ejecución de obras especializados celebrados en el cuatrimestre Dentro de los 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto. Y la copia del registro ante la STPS como contratista o prestador de servicios especializados una vez que se de a conocer el mecanismo para obtenerlo
Expedición por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de reglas sobre el procedimiento para que los contratistas entreguen información sobre los contratos de prestación de servicios especializados celebrados Dentro de los 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto
Informe al Infonavit de los contratos de prestación de servicios o ejecución de obras especializados celebrados en el cuatrimestre respectivo Los transitorios del proyecto de decreto no precisan un plazo para el inicio de está obligación, por lo que consideramos que la fecha exacta se incluirá en las reglas que al efecto debe emitir el organismo de vivienda

Si bien, aún falta que la Cámara Alta analice, discuta, y en su caso modifique o avale la reforma en comento, desde noviembre pasado son varias las empresas que ya comenzaron la revisión de los servicios que subcontratan, para determinar aquellos que conforme a las nuevas reglas pueden continuar en esa modalidad. Y, por tanto, incorporar de manera gradual a los empleados que debido a su actividad sí tienen que ser contratados de manera directa.

Beatriz Ramírez
Senior Tax Editor en | + posts