Nueva propuesta para aplazar aplicación de reforma al outsourcing
Este 7 de octubre el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca ampliar por segunda ocasión el plazo para la implementación de la reforma en materia de subcontratación laboral, de tal manera que de ser aprobada el término concluiría este mes.
La propuesta que reforma los artículos transitorios primero; tercero; cuarto; quinto, primer párrafo; sexto, y séptimo, primer párrafo, del decreto por el que se reforman diversos ordenamientos legales en materia de subcontratación laboral −modificados por la publicación dada a conocer en el DOF el 31 de julio de 2021− está a cargo de la legisladora del PRI, Marcela Guerra Castillo.
En su iniciativa, la diputada precisa que en el DOF del 23 de abril la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el decreto de reforma legal en materia de subcontratación laboral con el cual se prohíbe la subcontratación de personal, entendiéndose por esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
No obstante, considerando la complejidad de algunas actividades, se permite la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, y el proveedor de esos servicios esté registrado en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas a cargo de la STPS.
Para ello, está habilitada la plataforma electrónica denominada Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), en la cual toda persona física o moral que pretenda subcontratar ese tipo de servicios debe inscribirse y acreditar que está al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, para obtener el registro y conservarlo por tres años, ya que al término de estos tendrá que renovarse.
Así, la reforma a la subcontratación laboral entró en vigor desde el día siguiente de su publicación −24 de abril−. Empero, se estableció un régimen de transición inicial de cuatro meses para que las empresas del sector privado concretaran su implementación. Ese plazo resultó insuficiente por lo que en atención a los esfuerzos de los empresarios para acatar las nuevas obligaciones el Congreso de la Unión aprobó su ampliación al 1 de septiembre.
A pesar de lo anterior, numerosas empresas no lograron regularizar su situación conforme a las facilidades que establece el decreto de reforma a la subcontratación laboral, y otras siguen tramitando su registro ante el REPSE, debido a los obstáculos que enfrentaron y que la diputada clasifica en los siguientes rubros: (i) burocracia; (ii) saturación de trámites; (iii) saturación de la plataforma debido a la poca claridad en los criterios para diferenciar qué servicios están sujetos al registro; (iv) trámites presenciales; (v) opiniones negativas; (vi) dependencias no consideradas en la reforma, y (vii) la saturación de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener la e.firma.
Por esa razón, la legisladora del PRI indica que es necesario el análisis y discusión de su propuesta que tiene como finalidad ampliar a 180 días naturales siguientes a la publicación del decreto, el plazo que tienen los empleadores para cumplir con las disposiciones de la reforma en materia de subcontratación.
De esa manera, las nuevas obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales que derivan del ejercicio de la subcontratación conforme al nuevo marco legal surtirían efecto al concluir octubre.
Fuente: Gaceta Parlamentaria número 5880-III
