Nombrar con dignidad: el deadnaming en las resoluciones judiciales
En un proceso judicial, la nominación con la que se identifica a alguien puede parecer un dato secundario. Para una persona trans, sin embargo, constituye una cuestión de dignidad, reconocimiento e identidad. La tesis I.10o.C.13 K (12a.) aborda ese punto y sostiene que el deadnaming —esto es, la utilización del nombre que se dejó de emplear tras su transición— no debe ser la forma habitual de referirse a una persona en una resolución.
El caso
Una mujer trans promovió un juicio de amparo contra actos derivados de un juicio civil en el que intervino antes de actualizar su identidad registral. El juzgado de distrito desechó la demanda de plano y, en la resolución, se refirió a ella en diversas ocasiones mediante la fórmula que combinaba su nombre anterior con el actual.
Ella presentó un recurso de queja porque, a su juicio, la resolución ignoraba las consecuencias jurídicas de su identidad de género.
La tesis parte de una premisa acertada: la identidad de género integra la autonomía personal, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.
A partir de ello, establece una regla clara: la denominación vigente debe orientar la forma en que se identifica a la persona dentro del proceso, mientras que el nombre anterior solo puede mencionarse cuando resulte estrictamente necesario para fines de identificación jurídica o para vincular actuaciones previas. Aun en esos casos, la referencia debe formularse de manera respetuosa, sin sugerir que una identidad es “auténtica” y la otra meramente “sobrevenida”.
La regla es razonable y persigue una finalidad legítima. Sin embargo, su formulación plantea algunos problemas de interpretación que conviene examinar.
Ambigüedades que pesan
Conceptos sin contenido preciso: “Estrictamente necesario” y “fórmulas respetuosas” son expresiones abiertas. Un juzgador entenderá necesario mencionar el nombre anterior en casi cualquier expediente que tenga antecedentes, mientras que otro puede pensar lo contrario. Sin pautas concretas, la protección depende en buena medida de la sensibilidad de cada tribunal.
La dificultad de la neutralidad: El criterio exige evitar cualquier construcción que sugiera una identidad originaria frente a una derivada. Pero en la práctica, decir “la misma persona que antes figuraba como…” ya establece una continuidad.
La frontera entre una mención necesaria para identificar un antecedente procesal y una formulación que desconoce o minimiza el reconocimiento vigente puede ser muy tenue.
La identificación depende del registro: Aunque el criterio permite mencionar el nombre anterior con fines de identificación jurídica, la necesidad de hacerlo varía conforme al estado registral y al marco normativo de cada entidad federativa. En consecuencia, una persona cuyos documentos aún no han sido actualizados puede quedar más expuesta que otra cuya información registral ya se encuentre armonizada.
Un debate que va más allá
El caso también plantea un problema de mayor alcance. La quejosa no solo cuestionaba la forma en que se le nombraba, sino alegaba que se habían ignorado las implicaciones jurídicas de su identidad de género. No obstante, el criterio se centró en las reglas de identificación y el lenguaje empleados en la resolución.
Corregir la manera en que se nombra a una persona es indispensable, pero no basta para determinar si el juzgado examinó de manera suficiente el fondo de la demanda antes de desecharla.
El riesgo es que el reconocimiento de la identidad de género quede reducido a una cuestión de redacción, mientras las decisiones sustantivas continúan sin someterse al mismo nivel de escrutinio desde una perspectiva de derechos.
En conclusión, el criterio acierta al reconocer que el nombre es parte de la identidad y que los tribunales no deben reproducir innecesariamente una denominación que la persona ha dejado atrás. Sin embargo, su redacción deja un margen demasiado amplio para la interpretación, y su énfasis en la forma puede resultar insuficiente si no se acompaña de pautas claras y de una revisión sustantiva de las decisiones judiciales.
La garantía de los derechos de las personas trans en el sistema de justicia exige reglas precisas, y no solo buenas intenciones formuladas en un lenguaje susceptible de interpretaciones dispares.
