Procuraduría Fiscal asesta duro golpe al “facturero” No. 1 del país

Luego de exhautivas investigaciones, cruce de información entre autoridades fiscales y seguimiento puntual a las prácticas de evasión y defraudación fiscal, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) que encabeza el Mtro. Carlos Romero Aranda, integró los elementos de prueba para asestar un duro golpe a la evasión y defraudación fiscal contra el “facturero” número 1 del país, que además resultó con prácticas de lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación, hace más de dos años la Procuraduría Fiscal comenzó una investigación contra el “facturero” más importante de México en la última década: Víctor Manuel Álvarez Puga, quien prosperó en la impunidad de sexenios anteriores, de acuerdo con esa exhaustiva investigación.

El esquema delictivo se originó con un grave acto de corrupción en la Secretaría de Gobernación durante 2016 y 2017, a través de la contratación de equipo tecnológico para los Centros Federales de Readaptación Social en toda la República Mexicana.

La dependencia federal contrató el equipo directamente con una empresa facturera por la cantidad total de $2,950 millones de pesos. No sólo se simuló el procedimiento de licitación, sino también se simularon los contratos y las actas de entrega.

La facturera recibió los recursos públicos en diversos pagos de 500 millones de pesos durante varios meses. Conforme recibía los recursos, la facturera dispersaba inmediatamente el dinero a otras cuatro factureras. Estas cuatro factureras -a su vez- transferían el dinero a otras tres factureras.

En ese proceso se expidieron cientos de facturas falsas y se realizaron más de mil operaciones de lavado de dinero. Las factureras hicieron uso de prestanombres, personas de escasos recursos que fueron utilizadas para firmar ante notarios y abrir cuentas bancarias, aprovechándose de las necesidades de estas personas.

Finalmente, el último bloque de factureras remitía los recursos a personas físicas, beneficiarias del esquema delictivo. Entre dichos beneficiarios, se encuentra Víctor Manuel Álvarez Puga, así como su esposa, Inés Gómez Mont Arena (sobrina del Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón), y otros operadores cercanos.

Los delitos cometidos consisten en corrupción, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

La carpeta de investigación se formó en la Fiscalía General de la República (en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, antes SEIDO). Después de realizar múltiples diligencias en los pasados 2 años (para la obtención de pruebas financieras y fiscales), el 10 de septiembre de 2021 se obtuvo orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gomez Mont Arena por los delitos referidos (delitos graves que conllevan prisión preventiva oficiosa), informó la PPF.

Carlos González
Journalist Editor & Manager Seminars en | + posts