Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Silvia Matus, socia de BHR
Por Carlos González.- Este 18 de junio del 2025, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con la mayoría de votos de Morena y de sus aliados políticos, reformas a la Ley Antilavado, la oposición del PAN, PRI y MC votó en abstención.
En entrevista con la C.P.C. y Lic. Silvia Matus de la Cruz, socia PLD de la firma BHR, señaló que la iniciativa responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) derivadas de la evaluación de 2017.
Silvia Matus con el representante de la UIF
Carlos González: ¿Cuál es el objetivo de la reforma?
Silvia Matus: Fortalecer las capacidades del Estado mexicano en la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, sin tratarse de una ley penal. La reforma busca alinear la legislación mexicana con los más altos estándares internacionales.
Carlos González: ¿Nos puede comentar cuáles son los aspectos más relevantes?
La prestigiada experta Silvia Matus señaló los siguientes:
- Ampliación de actividades vulnerables: Se incluyen desarrollos inmobiliarios, activos virtuales fideicomisos y nuevas actividades financieras no tradicionales.
- Identificación de beneficiarios finales: Se refuerza la obligación de verificar y documentar a quienes realmente controlan o se benefician de las operaciones financieras.
- Definición legal de Personas Políticamente Expuestas (PEP): Se otorga rango legal a este concepto ya contemplado en normativas secundarias.
- Reformas adicionales: Se eliminaron umbrales diferenciados para notarios y corredores públicos y se ajustó el tratamiento normativo a organizaciones sin fines de lucro, dejando únicamente a partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados a informar.
- Presentación electrónica de avisos: Se facilita el cumplimiento y supervisión por parte de autoridades.
- Coordinación institucional: Se formaliza la colaboración entre la Secretaría de Hacienda, y otras autoridades en el ámbito exclusivamente preventivo y administrativo.
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