La autoridad fiscal fue infiltrada por grupos de “factureros”

Grupos criminales infiltraron a la autoridad fiscal y desde adentro se controlaba a las “factureras”. Así, distintas autoridades ejercían ese control en grupos de “factureros”, de manera que les enviaban auditorías dirigidas para limpiar operaciones o una auditoría para vacunar. Incluso cobraban un porcentaje para ver si procedían las devoluciones. Esta grave situación no se pudo perseguir hasta que se aprobó la Reforma Penal que fue autorizada en 2020.

Esto viene a colación, pues en una plática con Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), efectuada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), comentó lo siguiente: Si los “factureros” infiltraron la autoridad fiscal, entonces, ¿por qué no hacerlo ahora e infiltrar al grupo criminal?

En primer lugar, ¿cuál es el fundamento para poder infiltrar? La Reforma Penal Fiscal permite tener infiltrados con autorización judicial, y poder saber cómo opera el grupo criminal, cómo mueven el dinero y también poder tener cateos, pues se sabe que muchos de esos grupos criminales mueven el efectivo en bóvedas o cajas de seguridad.

Con información segura y efectiva, se podrá aplicar la extensión de dominio y se podrá terminar con el grupo criminal e ir directo contra el cerebro financiero y así finalmente se regrese el dinero al fisco federal, afirmó el funcionario.

Esto ha dado frutos, pues en voz del Procurador Fiscal, citó que hubo un caso en el cual se habló con el contador de un grupo criminal defraudador –y bajo el cobijo de un criterio de oportunidad–, esa persona denunció a las cabezas del mismo, lo que condujo a que hoy en día ese grupo ya se encuentre en un penal de alta seguridad.

Hoy no hay simulación, afirma el maestro Romero Aranda, y comenta que a la fecha se han presentado 43 denuncias de lavado de dinero por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y siete denuncias por defraudación fiscal por parte de la PFF en contra de los principales grupos “factureros” del país.

Cabe destacar que, además de que esas denuncias ya se están integrando en la Fiscalía General de la República (FGR), paralelamente se enviaron exhortos para regularizarse, y se está preparando un paquete de 100 querellas en contra de quienes compraron facturas, o aquellos que recibieron honorarios asimilables a salarios vía “factureras”.

Por último, aseveró el funcionario que en el tema del outsourcing, en los próximos días se eliminará la subcontratación.

PRISIÓN PREVENTIVA

El procurador también afirmó que aplicar la prisión preventiva en materia fiscal es más sencillo, pues con el hecho de tener un Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI), en el cual se generaron las contribuciones, donde hay retenciones y no se pagaron, se puede llegar a tener la prisión preventiva del defraudador.

Respecto a los delitos contra la seguridad nacional, aclaró el funcionario que se trata de aquellos que mediante el uso de engaños o aprovechamiento de errores, se omite total o parcialmente el pago de alguna contribución o bien, se obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, pero adicionalmente que cuenten con las calificativas que señala el artículo 108 de Código Fiscal de la Federación (CFF).

Es decir, que se trate de contribuciones omitidas no enteradas; que se declaren pérdidas fiscales y sean inexistentes; que pretendan obtener devoluciones, compensaciones y acreditamientos con documentación falsa, y adicional a eso, que se defraude por arriba de $7.8 millones de pesos (mdp).

ESQUEMA DE FACTUREROS

En su disertación, señala el abogado de Hacienda, que hay muchos ejemplos derivados del esquema de “factureros”, pues había empresas que tenían determinado un crédito fiscal por millones de pesos, y la autoridad al llegar al domicilio veía que solamente había un lote o terreno baldío; mucho menos accionistas.

Lo que sucedía era que se hacía pasar a personas ajenas como integrantes del consejo de administración.

Hubo un caso en el cual se había contratado por $1,000 a un albañil. Sin duda, se aprovechaban de personas de escasos recursos para firmar como representante legal, o bien por ir al SAT y sacar la Firma Electrónica Avanzada o Fiel.

 Está el caso de una persona que hacía el aseo en una dependencia pública, y ahora se encuentra vinculada a proceso de defraudación fiscal, y es muy posible que se le otorgue el perdón en ese caso, para no criminalizar la pobreza, aseveró.

LA REFORMA PENAL, ARMA PODEROSA

En su alocución señaló que la Reforma Penal Fiscal entró en vigor el 1 de enero de 2020. Entonces, ¿qué pasa con las contribuciones de 2019, donde se presentó la declaración en abril de 2020?

En ese caso sí aplica la reforma al cometerse el delito en 2020, aunque sean contribuciones de 2019. Con esto se ha atacado la defraudación fiscal que se tenía cuantificada en $500,000’000,000. Ante esto, la Reforma Penal es un arma muy poderosa.

SE ESTÁN CAMBIANDO PARADIGMAS

Si se acaba con el esquema de “factureros” se acaba con un tema de corrupción fuertísimo. Posiblemente se invente otro medio para desviar recursos públicos, pero con el actual medio ya no se podrá hacer, destaca con firmeza el procurador.

Recuerda el funcionario que antes se premiaba mucho el perseguir los delitos fiscales en forma autónoma a la parte fiscal.

Pagaras o no pagaras, si existía un delito, este se tenía que perseguir y no había ningún medio alternativo de solución de controversias en materia penal, dijo.

Lo que se aprecia es que hoy en día está buscando la PFF, por medio del procurador fiscal, lograr un equilibrio entre la parte persecutoria y la recaudatoria, sobre todo en los delitos que tienen que ver con la seguridad nacional, es decir, los que puede cometer cualquier persona que cae en la defraudación fiscal por arriba de los 7.8 mdp.

Estamos hablando que son empresarios, son contribuyentes que tuvieron operaciones que se pudieron atrasar, o que no enteraron la retención. Al final de cuentas es una empresa establecida; esto es, se trata de un contribuyente que tiene operaciones, clientes, compras, ventas y que, en ocasiones puede tener omisiones fiscales.

En este caso, asegura Romero Aranda, que no quiere empresarios en la cárcel.

Queremos empresarios que cumplan con sus obligaciones fiscales. Ya el año pasado presentamos querellas contra empresas que eran grandes contribuyentes.

Recuerda el procurador fiscal que cuando recibió la institución, no había un solo caso de grandes contribuyentes. Puso como ejemplo que se había platicado con uno de ellos con omisiones de miles de millones de pesos, el cual dijo buscando resarcir su daño: Mira, si quieres te podemos apoyar con despensas. A lo que se le dijo que no lo estaba entendiendo, pues tenía un tema penal enfrente.

Acto seguido acudieron los abogados de ese contribuyente al SAT e hicieron lo que estaban acostumbrados: Ofrecer una cantidad mucho menor, con la opción de “tómala o déjala”.

En este caso, si la tomas, todo ahí queda; sino no, nos vemos en muchos años después del litigio. Esto llegó a oídos del Presidente de la República, López Obrador, quien dijo: Vamos con todo, contra esa empresa.

Entonces, lo que ahora se hizo es separar el poder económico del político, pues había un “pacto” de no perseguir los delitos fiscales que cometen los contribuyentes que se consideran “grandes”.

Por ello, se revisó al consejo de administración que es el que cometió el delito, y que tenía la firma electrónica, y se procedió también contra la persona moral, de manera que si se obtiene una sentencia favorable, entonces procedería la liquidación o extinción de la misma.

También se obtuvieron pruebas de abogados que sugerían la implementación de esquemas fraudulentos, los cuales se ubicaron dentro de los establecidos por el artículo 95, fracción IX, del CFF.

Con ese fundamento se presentó la querella en contra ellos. Fue así como se decidió firmar un acuerdo reparatorio; con esto se extinguió la acción penal y se pagó lo que se debía a satisfacción de la autoridad fiscal. Sin embargo, solamente se puede hacer un acuerdo reparatorio por delito en la vida.

En otras palabras, si cualquiera de estas empresas vuelve a evadir o caer en defraudación fiscal, ya no van a tener un acuerdo reparatorio y tendrán que irse hasta la sentencia.

Entonces hay un camino. El SAT tan solo en 2020 revisó a 600 grandes contribuyentes, de 12 mil. Entonces, un contribuyente que se revisa o se persigue penalmente, y que a final de cuentas se regulariza, no volverá a incumplir.

Dentro de todo esto, la PFF efectuó acuerdos con las entidades federativas para poder perseguir delitos fiscales, y así las cantidades que se recuperen serían para la autoridad local.

Carlos González
Journalist Editor & Manager Seminars en | + posts