Origen biológico, filiación jurídica e interés superior de la infancia: los límites de la verdad genética

Dos nuevos precedentes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redefinen la relación entre identidad, filiación y estabilidad familiar. Si bien reconocen que el conocimiento del origen biológico forma parte del derecho a la identidad, precisan que la verdad genética no produce, por sí sola, efectos automáticos sobre la filiación jurídica o la convivencia familiar.

INTRODUCCIÓN

La creciente diversidad de las estructuras familiares ha llevado a los tribunales a enfrentar una pregunta cada vez más frecuente: ¿qué debe ocurrir cuando el origen biológico no coincide con la realidad familiar consolidada de una niña, niño o adolescente?

Esa cuestión fue examinada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el Amparo Directo en Revisión 4002/2023, del que derivan los Precedentes Obligatorios P./J. 150/2026 (12a.) y P./J. 151/2026 (12a.), publicados en el Semanario Judicial de la Federación el 25 de septiembre.

El asunto planteó tres elementos particularmente sensibles: la existencia de un progenitor biológico acreditado, una filiación jurídica previamente establecida y el interés superior de un adolescente integrado en un entorno familiar estable.

EL PROBLEMA JURÍDICO

La controversia no se limitó a determinar la identidad del progenitor biológico del adolescente.

La cuestión central consistió en definir el alcance del derecho a la identidad cuando existe una discrepancia entre la filiación jurídica y la realidad genética.

En particular, la Corte examinó tres cuestiones fundamentales:

• Si el conocimiento del origen biológico forma parte del derecho a la identidad.
• Si la acreditación de un vínculo biológico obliga necesariamente a modificar la filiación jurídica ya establecida.
• De qué manera debe garantizarse el acceso a la información sobre el origen biológico cuando su revelación pueda afectar la estabilidad emocional y familiar de la persona menor de edad.

En el caso concreto, se acreditó que el demandante era el progenitor biológico del adolescente. Sin embargo, las instancias previas concluyeron que este se encontraba integrado a la familia de su padre legal, con vínculos afectivos consolidados y un entorno estable. Por ello, estimaron procedente que la revelación de esa información ocurriera de manera gradual y bajo supervisión especializada.

EL CRITERIO ADOPTADO

Ambos precedentes articulan una línea interpretativa común en torno a cuatro ejes centrales.

1. Conocer el origen biológico forma parte del derecho a la identidad

La Corte reconoce que la identidad de una persona no se agota en los datos registrales. Este derecho comprende también el conocimiento de los propios orígenes biológicos, pues ello contribuye a la construcción de la historia personal, a la comprensión de las raíces familiares y al acceso a información genética y médica relevante para su desarrollo.

2. Filiación jurídica y realidad biológica no son equivalentes

Uno de los aportes centrales de estos precedentes consiste en distinguir entre la realidad genética y la realidad jurídica.

Conforme a lo resuelto por la Corte, una persona puede tener derecho a conocer la identidad de su progenitor biológico sin que ello implique modificar la filiación jurídica previamente constituida. La acreditación del vínculo genético mediante pruebas periciales no resuelve, por sí sola, el conflicto familiar ni determina automáticamente las consecuencias legales correspondientes.

3. La regla es el conocimiento; la excepción es la ocultación

La Corte establece que las personas menores de edad son titulares del derecho a conocer sus orígenes. En consecuencia, la revelación de esa información constituye la regla general; cualquier restricción o diferimiento exige una motivación reforzada, sustentada en las circunstancias concretas del caso.

4. El interés superior de la infancia exige una valoración individualizada

Cuando la filiación jurídica no coincida con la realidad biológica, la autoridad jurisdiccional deberá ponderar diversos elementos para determinar la forma más adecuada de garantizar el derecho a la identidad.

La decisión no puede adoptarse de manera automática. Debe fundarse en una evaluación contextual que considere las circunstancias particulares de la persona menor de edad y de su entorno familiar.

LA LÓGICA DETRÁS DE ESTOS PRECEDENTES

La Corte parte de una concepción amplia del derecho a la identidad. Bajo esta óptica, este no se limita a los datos asentados en los registros civiles, sino que incorpora la historia personal, los antecedentes familiares, la información genética y los elementos necesarios para comprender el propio origen y proyectar su desarrollo futuro.

Sin embargo, el Tribunal reconoce que la información sobre el origen biológico no se valora de manera aislada. Su revelación puede tener repercusiones emocionales significativas, especialmente cuando existe una integración familiar sólida o cuando la persona menor de edad ha construido sus principales vínculos afectivos alrededor de una filiación distinta.

Por ello, los precedentes rechazan dos posturas extremas: la ocultación indefinida del origen biológico y la imposición de una revelación inmediata y automática en todos los casos. El criterio busca equilibrar el derecho a la identidad con la protección de la estabilidad emocional de niñas, niños y adolescentes.

IMPACTO

El principal efecto de estas tesis consiste en desplazar el debate de la mera acreditación biológica hacia una evaluación más amplia del interés superior de la niñez.

En consecuencia, los jueces familiares podrían requerir elementos adicionales para realizar la ponderación exigida por la Corte, entre ellos:

• Estudios psicológicos.
• Evaluaciones de salud mental.
• Entrevistas con la persona menor de edad.
• Análisis de la dinámica familiar.
• Estudios de trabajo social y antecedentes de convivencia.

Asimismo, los precedentes refuerzan la idea de que conocer el origen biológico y convivir con el progenitor son cuestiones jurídicamente distintas. El reconocimiento del primer derecho no implica, de manera automática, el establecimiento de un régimen de convivencia.

También cobra relevancia la aportación de pruebas sobre abandono, violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias o ausencia prolongada, cuando tales circunstancias puedan incidir en la valoración del bienestar emocional y del interés superior de la infancia.

CASO PRÁCTICO

Pensemos en un adolescente de 15 años que ha vivido toda su vida con el hombre que lo reconoció legalmente como hijo y con quien mantiene una relación afectiva sólida.

Años después, un tercero promueve una acción de reconocimiento de paternidad y una prueba genética confirma que es el progenitor biológico del adolescente.

Antes de estos precedentes, algunos enfoques podrían haber privilegiado el dato biológico como elemento decisivo para modificar la situación jurídica existente. A partir del criterio actual, la respuesta exige una evaluación más amplia e individualizada.

La autoridad jurisdiccional deberá analizar, entre otros elementos, la autonomía progresiva del adolescente, su estabilidad emocional, la dinámica familiar existente y las posibles consecuencias psicológicas de la revelación.

Como resultado, la autoridad podría ordenar una estrategia gradual para revelar al adolescente su origen biológico, mantener la filiación jurídica vigente y diferir cualquier discusión relacionada con una eventual convivencia con el progenitor.

CONCLUSIÓN

Los precedentes obligatorios P./J. 150/2026 (12a.) y P./J. 151/2026 (12a.) consolidan uno de los criterios más relevantes de los últimos años en materia de identidad infantil: conocer el origen biológico constituye una dimensión autónoma del derecho a la identidad.

No obstante, el Pleno deja claro que la realidad genética no desplaza automáticamente la filiación jurídica ni determina, por sí sola, las relaciones familiares futuras.

Lejos de consagrar la supremacía de la genética sobre el derecho, la SCJN reconoce que la identidad es una construcción compleja en la que convergen elementos biológicos, jurídicos, familiares y emocionales. En adelante, la resolución de estos conflictos exigirá un análisis individualizado que coloque en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes y no únicamente el resultado de una prueba genética.

Al mismo tiempo, estos criterios plantean nuevas interrogantes sobre la adopción, la conservación de registros biológicos, el alcance de la convivencia con los padres procreadores y los mecanismos procesales que deberán emplear las autoridades jurisdiccionales para realizar la valoración exigida por la Corte.

En ese sentido, más que cerrar el debate, estos precedentes sientan las bases de una nueva etapa en la construcción constitucional del derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Checkpoint