Justicia digital: Principios éticos para el uso de IA
Introducción
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en diversos ámbitos de la sociedad ha alcanzado también al sector jurídico, planteando nuevos desafíos y oportunidades. Ante la ausencia de una regulación específica en México, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito emitió la jurisprudencia por reiteración de criterios II.2o.C. J/2 K (12a.), bajo el rubro “INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU USO ÉTICO Y RESPONSABLE CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 9 de enero de 2026.
Esta tesis, aborda la aplicación de herramientas de IA en procesos jurisdiccionales, estableciendo los elementos mínimos que deben observarse para garantizar un uso ético y responsable, siempre con una perspectiva de derechos humanos.
Desarrollo
La necesidad de esta jurisprudencia surge de la práctica innovadora de los propios juzgadores, quienes emplearon herramientas de inteligencia artificial para tareas específicas, como el cálculo de garantías en incidentes de suspensión dentro del juicio de amparo.
Ante la falta de un marco normativo claro, el Tribunal Colegiado realizó un ejercicio de autocontención, es decir, una autorregulación con la que buscó sentar las bases para una implementación segura y justa de la IA.
El criterio jurídico se fundamenta en la adopción de principios éticos que ya se están consolidando a nivel internacional como las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable de la Comisión Europea, el Reglamento del Parlamento Europeo sobre IA y la Recomendación sobre la ética de la IA de la UNESCO, en las que se establece un marco sólido que permite al Poder Judicial integrar la innovación tecnológica sin comprometer la esencia de la función jurisdiccional ni los derechos procesales de las partes. El objetivo es modernizar la gobernanza administrativa judicial, manteniendo siempre la supremacia de los derechos humanos.
Para ello, la tesis establece cuatro elementos mínimos esenciales que los juzgadores deben observar al utilizar herramientas de inteligencia artificial:
- Proporcionalidad e inocuidad: La IA debe ser utilizada únicamente en la medida necesaria y adecuada para alcanzar un fin legítimo. Esto implica que su aplicación debe limitarse a facilitar razonamientos numéricos o tareas repetitivas, sin que en ningún caso pueda sustituir el razonamiento jurídico inherente a la interpretación o aplicación de las normas. La herramienta debe ser inofensiva, evitando cualquier riesgo para los derechos de las partes.
- Protección de datos personales: Es imperativo que el uso de soluciones tecnológicas garantice la salvaguarda de la información contenida en los expedientes judiciales. Los datos personales de las partes deben ser protegidos de conformidad con la normativa aplicable, evitando cualquier vulneración o exposición indebida.
- Transparencia y explicabilidad: El juzgador no solo debe informar a las partes sobre el uso de la IA en el proceso, sino también debe exponer de manera clara la metodología empleada, los datos que alimentaron la herramienta y cómo se llegó al resultado. Esta obligación busca permitir que el procedimiento sea auditado y comprendido tanto por las partes como por los órganos revisores, asegurando la rendición de cuentas y la posibilidad de impugnación.
- Supervisión y decisión humana: La tecnología de IA debe operar siempre como un auxiliar, nunca como un sustituto de la función judicial. La deliberación y la decisión final deben recaer invariablemente en el ámbito estrictamente humano del juzgador. Esto garantiza que la responsabilidad última de las resoluciones judiciales permanezca en la persona juzgadora, manteniendo el control y la ética en el proceso.
Caso práctico
Consideremos un juicio de amparo indirecto donde se solicita la suspensión provisional y definitiva de un acto reclamado. El Juez de Distrito requiere calcular el monto de una garantía para que surta efectos la suspensión, un proceso que puede ser complejo si involucra múltiples variables, tasas de interés o valores de mercado.
En este escenario, la persona juzgadora decide emplear una herramienta de inteligencia artificial para asistir en el cálculo numérico de la garantía. Sin embargo, para ello, debe cumplir con los principios establecidos por la jurisprudencia:
- Proporcionalidad e inocuidad: El Juez limita el uso de la IA estrictamente al cálculo aritmético de la garantía, sin delegar en ella la decisión sobre la procedencia de la suspensión o la interpretación de la ley aplicable al caso. La herramienta solo procesa datos cuantitativos.
- Protección de datos personales: El juzgador se asegura de que la herramienta de IA utilizada esté configurada para procesar los datos del expediente de manera segura y confidencial, sin que la información sensible de las partes sea expuesta o almacenada en plataformas no autorizadas.
- Transparencia y explicabilidad: En su resolución, el Juez hace constar que se utilizó una herramienta de IA para la determinación del monto de la garantía. Además, detalla los parámetros de entrada (por ejemplo, el valor del bien, las tasas de interés consideradas, el periodo de afectación), la metodología aplicada por la IA (si es conocida y relevante) y el resultado obtenido, permitiendo a las partes y al Tribunal revisor comprender el proceso de cálculo.
- Supervisión y decisión humana: Una vez que la IA arroja el resultado del cálculo, el juzgador lo analiza y verifica su coherencia con la información del expediente y los criterios aplicables, y es él quien, finalmente, adopta la decisión sobre el monto de la garantía, asumiendo la responsabilidad total de la misma. La IA fue una herramienta de apoyo, no la autoridad decisoria.
Conclusión
La tesis II.2o.C. J/2 K (12a.) representa un avance significativo en la adaptación del sistema jurídico mexicano a los retos de la era digital. Al establecer pautas claras para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Colegiado no solo fomenta la innovación y la eficiencia, sino también protege los derechos fundamentales de los justiciables.
Este criterio resulta esencial para abogados, contadores y estudiantes de derecho, pues establece un marco de referencia para entender los límites y las posibilidades de la IA en la administración de justicia, garantizando que esta tecnología sea un aliado en la búsqueda de una justicia más ágil y equitativa, sin deshumanizar el proceso ni comprometer la seguridad jurídica.
Fuente: Checkpoint México
