¿Es obligatoria la rendición de cuentas por parte del administrador de la pensión alimenticia?

La pensión alimenticia es un tema que siempre ha estado envuelto en la polémica, como es el caso del monto, tiempo en que se debe otorgar, forma de garantizarla y/o, cuando el deudor alimentario cuestiona el hecho de que los recursos otorgados no son administrados de forma correcta.

Con respecto a este último caso, la legislación aplicable no contempla procedimiento alguno para su resolución, lo que ha hecho que los Colegiados resuelvan con base en sus propios criterios interpretativos, pero que tarde o temprano terminaría en discrepancias en sus criterios.

Por un lado, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1155/98 y que derivó en la tesis aislada número I.5o.C.80 C., sostuvo el criterio de que, quien administra la pensión alimenticia no está obligado a rendir cuentas de esta.

Sin embargo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 221/2017 que dio origen a la tesis aislada número I.8o.C.46 C (10a.), determinó que el padre que ejerza la patria potestad sí debe rendir cuentas sobre pensión alimenticia que administra.

Derivado de lo anterior, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al conocer y resolver la contradicción de tesis planteada, llegó a la determinación de que no se deben rendir cuentas por la administración de los recursos de la pensión alimenticia otorgada, dando origen a la jurisprudencia por contradicción número PC.I.C. J/14 C (11a.) bajo el rubro “PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE LA PENSIÓN QUE RECIBA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MENOR DE EDAD QUE TIENE A SU CARGO.”, publicada el 1 de abril de 2022 en el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A criterio del Pleno Colegiado, esto tiene su fundamento en el hecho de que la obligación alimentaria, atendiendo a lo señalado en la ley civil sustantiva, debe ser otorgada por el padre o la madre que no tenga la guarda y custodia del menor, por lo que su finalidad es personal, derivado del hecho que se busca la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad.

Una forma sencilla de comprender lo anterior, es analizando la labor que realiza el progenitor que ejerce la guarda y custodia del menor; su función no solamente se limita a administrar los recursos recibidos, sino que está obligado a realizar cualquier acto que esté encaminado a salvaguardar el desarrollo y la integridad de su hijo(a), entendiéndose como educación, vestido, habitación, atención médica, etc., ergo, el bienestar o salvaguarda del menor no se obtiene únicamente de la adquisición de bienes y servicios sino de las acciones que conlleva.

Por ello, resulta entendible que la pensión alimenticia no solo se traduce al aspecto económico o monetario, sino que se conforma adicionalmente por todos aquellos medios necesarios que permitan satisfacer los requerimientos del menor de edad.

Atendiendo a lo anterior, una rendición de cuentas resultaría compleja, ya que el progenitor que tiene la guarda y custodia tendría que solicitar recibos y facturas de cada una de las transacciones que realice, sabiendo que en la práctica, muchas de las actividades, bienes o elementos que se adquieran en beneficio del menor no otorgan el comprobante correspondiente.

Esto generaría en primer lugar, que el administrador tenga una carga probatoria no contemplada en la legislación civil, aunado al hecho de que, por su incumplimiento, se le pueda sancionar, lo que traería como consecuencia la violación de sus derechos fundamentales; en segundo lugar, se atenta contra el interés superior del menor por ver acotadas sus necesidades, ya que este solo podrá acceder exclusivamente a todo aquello que su progenitor pueda comprobar, toda vez que se limita la posibilidad de acceder de forma rápida y eficaz a los satisfactores que requiere.

Por lo tanto, el Colegiado ha determinado que en los casos donde exista la presunción de que la pensión alimenticia no está siendo administrada correctamente, se deberá aplicar la formula affirmanti incumbit probatio, es decir, quien afirma está obligado a aportar todos los elementos de convicción que le permitan demostrar su dicho; ello aunado al hecho de que el Juzgador deberá hacer uso sus facultades de investigación a fin de recabar todos los elementos que le permitan conocer la situación real del menor de edad y establecer, en caso de requerirse, las medidas necesarias para mejorar su entorno o hacer que cese el estado de necesidad en que se pudiera encontrar.

Fuente: Checkpoint México

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Francisco Jiménez
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts