¿Procede el cambio de fecha a una posterior en la rectificación de un acta de nacimiento?

El pasado 3 de diciembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el Semanario Judicial de la Federación (SEJUFE) una jurisprudencia que resultó por demás relevante.

La tesis en comento es la jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 29/2021 (10a.) bajo el rubro “ACTA DE NACIMIENTO. PROCEDE LA RECTIFICACIÓN DE LA FECHA ASENTADA PARA ADECUARLA A LA REALIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).”.

Mediante el presente criterio, la Primera Sala estima que lo establecido en la fracción II del artículo 1193 del Código Familiar del estado de Sinaloa, debe interpretarse de la misma forma que lo establecido en la fracción III del referido numeral, atendiendo al derecho fundamental a la identidad y al principio pro personae, por lo que es viable admitir la variación de la fecha de nacimiento, aun cuando esta sea posterior a la establecida en el registro “…siempre que se acredite fehaciente, por cualquier medio probatorio, que existe un desacuerdo con la realidad social, pues la persona siempre se ha conducido de esta manera, es decir, por un periodo de tiempo prudente y significativo, de forma continua, ininterrumpida y permanente, a tal grado que logró anclar su identidad con esa fecha de nacimiento, y que su entorno social así la identifica…”.

Para llegar a esta resolución, la Primera Sala tomó en consideración que, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se establece el derecho de las personas a la identidad y la obligación de las autoridades de garantizarlo, por tanto, a criterio de la misma, si una persona se ha identificado constantemente en sus actos privados o públicos con una fecha de nacimiento diferente a la de su registro, ello forma parte de lo que se denomina su “verdad personal”, ya que los individuos construyen su identidad a lo largo de la vida, los cuales pueden diferir de su “verdad biológica” y, por tanto, estos elementos deberán plasmarse en su acta de nacimiento en virtud de ser este el documento idóneo para identificarse ante la sociedad.

Los conceptos de “verdad personal” y “verdad biológica” se emplearon y sirvieron de parámetro al fundamentar la necesidad de rectificación del acta de nacimiento en los casos de reasignación de sexo, puesto que resultaba entendible el hecho de que, si una persona que había nacido con un sexo y que a lo largo de su vida se sintió identificado con el opuesto y por ello recurrió a la reasignación para coincidir físicamente con el que se identifica, el acta de nacimiento inicial (verdad biológica), no coincidía con su cambio actual (verdad personal), lo que podría derivar en una afectación de su entorno legal y psicosocial.

Sin embargo, en el caso de las fechas de nacimiento, resulta un poco polémico el permitir el cambio de la fecha del natalicio sin especificar claramente los casos en que se podría llevar a cabo.

Si en el acta de nacimiento por error se asentó una fecha equivocada y los padres no se percataron hasta después de muchos años, resulta entendible el porqué se está solicitando la corrección de la misma, teniendo como prueba del hecho el certificado de alumbramiento.

Pero, en el caso de lo resuelto por la Primera Sala donde se establece solo la obligación que tiene el recurrente de acreditar fehaciente, por cualquier medio probatorio, que existe un desacuerdo con la realidad social poniendo solo como requisito que se haya empleado dicha fecha por un periodo de tiempo prudente y significativo, de forma continua, ininterrumpida y permanente, que haya permitido anclar su identidad con la referida fecha, si bien genera un beneficio para el afectado, también podría ser utilizado este criterio de mala manera al ser tan ambigua la definición dada por el órgano colegiado.

Vivimos en un país en el cual nuestro sistema penal tiene algunas consideraciones para los delitos cometidos por menores de edad, sobre todo en la penalidad de estos; por ello, actividades como el narcotráfico, el robo de vehículos y autopartes, a transporte público, carteristas, entre otras, buscan reclutar a jóvenes con la promesa salir de la pobreza de forma fácil y rápida.

Tomando en cuenta lo anterior, ¿qué pasaría si se detiene a una persona por la comisión de un delito y cuando se le busque juzgar como adulto (puesto que no se identifica al momento de su detención y al ser revisado por el médico legista, este determina que su edad biológica podría ser de 23 años), resulta que debe ser tratado como menor de edad puesto que presenta un acta de nacimiento en la que previamente se rectificó la fecha de su natalicio, en la que su “verdad biológica” (23 años), cedió el paso a su “verdad personal” en la que se considera que es una persona de 15 años?

Este caso no es aislado ni novedoso ya que, como estrategia legal, los jóvenes de 18 a 20 años que son detenidos en la comisión de un delito, para eludir la pena privativa de la libertad en un centro penitenciario, no se identifican al momento de su detención y manifiestan que son menores de edad. Al pasar con el médico legista, si este determina que por sus rasgos físicos sí podrían ser considerados como tales y, además, no se cuenta con algún medio de identificación que demuestre lo contrario, se les debe tratar como menores infractores y ser procesados bajo las reglas establecidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) aun y cuando pudieran ser adultos de conformidad con la ley.

Viendo que esta situación ya se presenta en la actualidad a menor escala, el permitir el cambio de fecha de nacimiento a una posterior, sin establecer claramente las casuísticas bajo la cuales se debe permitir, podría implicar un alto riesgo de que esta medida sea empleada por el crimen organizado para su beneficio, al “ampliar” el periodo que una persona podría ser considerado menor de edad para todos los efectos legales y, por consiguiente, ser beneficiario de las concesiones establecidas en nuestro sistema de justicia penal para adolescentes.

Este es solo un ejemplo de las implicaciones que podría acarrear esta decisión; por ello, se considera de suma importancia que la SCJN emita en breve una tesis que permita interpretar de mejor manera esta jurisprudencia, en la que se establezcan claramente los alcances y restricciones de los casos bajos los cuales se podrá conceder el cambio −es decir, que nos permita comprender claramente a que se refiere la tesis cuando menciona como requisito “…por un tiempo prudente y significativo…”−, así como la forma en que se podrá demostrar la necesidad del mismo −es decir, a que se refiere con “…acreditar fehacientemente por cualquier medio de prueba…”−; esto con la finalidad de dar certeza jurídica y que la medida que tiene toda la intención de proteger un derecho básico inherente a la persona como lo es el derecho a la identidad, no genere un mayor perjuicio a la sociedad al ser empleada de forma negativa por el crimen organizado.

Fuente: Checkpoint México

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Francisco Jiménez
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts