Cómputo de plazos en tiempos del COVID, ¿cómo debe realizarse?

Con la aparición del virus SARS-CoV2 (COVID-19), hemos tenido que aprender a adaptarnos a una nueva realidad; sin embargo, es innegable que el confinamiento, aunque permitió evitar mayores contagios, generó diversas afectaciones sociales.

Dado que aún no estábamos preparados para trabajar remotamente haciendo uso de los recursos tecnológicos que teníamos a la mano, era cuestión de tiempo para que si no todas, la mayoría de las actividades se paralizaran y la justicia no estuvo exenta de ello.

Al inicio de la pandemia, el Poder Judicial, tanto el Federal como los locales, optaron por la suspensión de actividades como una forma de evitar contagios; pero, al percatarse de que esta se estaba alargando más de lo esperado, afectando con ello el derecho de las personas de acceder a la justicia de manera pronta y expedita, se optó primero por llevar a cabo sus actividades a puertas cerradas y luego en un sistema híbrido, en el cual se hizo uso de las tecnologías de la información por medio del juicio en línea y solo se acudía al local del órgano jurisdiccional en casos de que se requiriera alguna comparecencia de manera personal.

Así, esta nueva forma de trabajo conllevó a que existieran discrepancias con respecto a la forma en cómo el juzgador debía certificar el cómputo de plazos.

Esto fue debido a que, derivado del mismo confinamiento, los consejos de la judicatura habían tomado la decisión a través de la emisión de los respectivos acuerdos y circulares, de suspender algunos de ellos o que estos no corrieran hasta en tanto cambiaran las condiciones que vivíamos y, por otro lado, están los términos legales enumerados dentro de la propia legislación.

Ello derivó en que muchos juzgadores aplicarán ya fuera uno u otro, generando incertidumbre en el justiciable, por lo que esta situación tuvo que ser dilucidada hasta el amparo.

De la interposición del amparo directo 268/2021, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se dio origen a la tesis aislada número I.3o.C.11 C (11a.) con el rubro “JUICIO ORAL MERCANTIL. EL PLAZO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), DEBE COMPUTARSE NO SÓLO CONSIDERANDO LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO, SINO TAMBIÉN LO ESTABLECIDO EN LAS CIRCULARES EMITIDAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PRIVILEGIAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN.”, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación (SEJUFE) del 12 de agosto de 2022 y que resuelve esta discrepancia.

En dicho juicio, el quejoso reclamaba precisamente que, durante el juicio oral mercantil, se le tuvo por contestada de forma extemporánea la demanda, precluyendo su derecho a oponer excepciones y defensas, así como a ofrecer pruebas; pero, el promovente manifestaba que el cómputo de plazos hecho por la autoridad responsable no fue correcto, ya que no tomó en consideración que el Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió los términos judiciales cuando sus órganos jurisdiccionales laboraron a puerta cerrada durante la contingencia.

Al conocer del asunto, el Colegiado llegó a la determinación de que para el cómputo de plazos para contestar la demanda, el juzgado de primera instancia no solo  debió contemplar lo previsto en los artículos 1075, 1390 Bis 8, 1390 Bis 10 y 1390 Bis 14 del Código de Comercio (CCom), sino también lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX), ya que este emitió previamente un acuerdo en el que se señaló que durante el funcionamiento a puerta cerrada de los órganos jurisdiccionales, no correrían términos procesales a fin de evitar la acumulación de personas en los juzgados y reducir la posibilidad de contagio, privilegiando con ello el derecho de toda persona de acceso a la justicia y a la protección de su salud.

Si bien es cierto que existe la jerarquía de normas, y que en este caso, el CCom (norma general) establece las reglas procesales, también lo es que toda regla general tiene excepciones, las cuales se encuentran sustentadas en situaciones extraordinarias o de fuerza mayor, tal y como es el confinamiento que se vivió durante la etapa crítica de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID 19), donde lo que se buscaba era preservar el derecho a la salud de las personas, así como su derecho de acceso a la justicia.

Por consiguiente, la finalidad del acuerdo emitido por el CJCDMX es, por un lado, garantizar la salud de las personas minimizando el riesgo de contagio al restringir el número de personas que podrán asistir al juzgado; y, por otro, garantizar el acceso a la justicia de las partes, entendiendo que derivado de esta restricción en el acceso a los órganos jurisdiccionales, las partes podrían verse afectados en su derecho de acceso a la justicia al no poder promover en tiempo y forma cualquier solicitud hecha por el juzgador, tal y como sucedió con el quejoso en el amparo en comento.

Por lo tanto, a fin de brindar condiciones de igualdad a las partes sin poner en riesgo su integridad y la de los trabajadores del propio órgano jurisdiccional, el juzgador está obligado a tomar en consideración estos acuerdos o circulares para realizar de forma correcta la certificación del cómputo de los plazos y no violentar los derechos de los justiciables.

Fuente: Checkpoint México

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Francisco Jiménez
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts