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Reforma penal en propiedad intelectual: nuevos delitos, economía digital y retos de interpretación

La reforma penal en materia de propiedad intelectual fortalece la protección frente a modalidades de explotación ilícita de contenidos en entornos digitales. No obstante, el debate público se ha centrado en la amplitud de algunos conceptos incorporados por el legislador y en su posible interacción con la libertad de expresión, la creación de contenido y el uso de tecnologías emergentes.

INTRODUCCIÓN

La publicación, el pasado 13 de noviembre, del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal (CPF) y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial” (LFPPI), representa una de las modificaciones más amplias de los últimos años en materia de tutela penal de los derechos de propiedad intelectual.

La reforma incorpora nuevos supuestos delictivos relacionados con la divulgación anticipada de obras protegidas y refuerza la tutela de las medidas tecnológicas de protección previstas en la legislación autoral. Asimismo, amplía la persecución de conductas vinculadas con mercancías falsificadas y redefine conceptos relevantes para la determinación de la responsabilidad penal, en particular el de “escala comercial” previsto en el artículo 430 del CPF.

Las modificaciones responden a una realidad económica y tecnológica distinta de aquella para la cual fueron diseñadas muchas de las disposiciones que integran el sistema de protección de la propiedad intelectual. Aunque la reproducción y comercialización ilícitas de mercancías físicas continúan siendo un problema relevante, una proporción creciente de las infracciones se desarrolla mediante plataformas digitales, servicios en línea, redes sociales, esquemas de financiamiento electrónico y cadenas logísticas con componentes transnacionales.

Más allá del fortalecimiento de las herramientas de protección, diversas modificaciones han generado debate respecto de los criterios que deberán aplicar las autoridades investigadoras y los tribunales cuando estas disposiciones incidan en actividades propias de los entornos digitales, particularmente aquellas relacionadas con la generación y distribución de contenidos, la reutilización de materiales protegidos y el ejercicio de la libertad de expresión.

UNA PROTECCIÓN PENAL ADAPTADA AL ENTORNO DIGITAL

Uno de los ejes centrales de la reforma es la actualización del catálogo de conductas sancionables para responder a fenómenos asociados con la economía digital.

Entre las modificaciones relevantes a los artículos 424 y 427 del CPF destaca la incorporación de nuevas hipótesis vinculadas con la divulgación no autorizada de obras antes de su lanzamiento oficial. Con ello, el legislador reconoce que la afectación económica a los titulares de derechos puede producirse incluso antes de que una obra sea puesta legalmente a disposición del público.

La filtración de películas, videojuegos, fonogramas, libros u otros contenidos protegidos puede afectar directamente los esquemas de explotación comercial previstos por los titulares de los derechos.

La lógica de la reforma consiste en extender la protección penal a una fase previa a la comercialización formal de las obras, bajo la premisa de que la difusión anticipada puede generar una afectación patrimonial relevante, aun cuando el producto no haya sido lanzado oficialmente al mercado.

Asimismo, se refuerzan los mecanismos de protección de las medidas tecnológicas destinadas a impedir accesos o uso no autorizado de obras protegidas. La reforma no solo sanciona conductas que afectan directamente los derechos patrimoniales de autor, sino también actividades relacionadas con la fabricación, importación, distribución, comercialización u oferta de dispositivos, programas o herramientas concebidas para neutralizar dichos mecanismos de protección.

Desde esta perspectiva, el derecho penal extiende su ámbito de intervención a conductas que, sin constituir necesariamente una explotación directa de contenidos protegidos, pueden facilitar infracciones posteriores.

DEL VENDEDOR FINAL A LAS ESTRUCTURAS QUE SOSTIENEN LA ACTIVIDAD ILÍCITA

Otro de los aspectos relevantes de la reforma es la ampliación del espectro de responsabilidad de quienes participan indirectamente en esquemas de piratería o falsificación.

La reforma permite extender la persecución más allá del autor material de la conducta ilícita para alcanzar a quienes contribuyen al funcionamiento de las estructuras económicas que la hacen posible.

Asimismo, se contemplan supuestos relacionados con el suministro de materias primas, insumos, recursos financieros o apoyos económicos cuando exista conocimiento de que serán utilizados en conductas que afecten derechos de propiedad intelectual.

La reforma también modifica el enfoque tradicional de persecución. Históricamente, buena parte de las acciones se concentraban en fabricantes, distribuidores o vendedores finales; el nuevo esquema permite dirigir la atención hacia las cadenas de suministro, financiamiento y logística que hacen posible la operación de actividades ilícitas a gran escala.

Una misma lógica se refleja en las modificaciones incorporadas a la LFPPI respecto de la producción, almacenamiento, transporte, importación, exportación, distribución y comercialización de mercancías identificadas con marcas falsificadas.

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMO NUEVO ÁMBITO DE PROTECCIÓN

Entre las novedades incorporadas por la reforma destaca la creación de mecanismos penales para proteger la identidad institucional del Estado mexicano.

La nueva regulación contempla supuestos relacionados con el uso indebido de elementos susceptibles de generar confusión respecto del carácter oficial de determinadas comunicaciones, plataformas digitales, documentos o servicios públicos.

La protección abarca diversos signos de identificación institucional, incluidos elementos gráficos, dominios electrónicos, documentación oficial y otros mecanismos utilizados para acreditar el origen gubernamental de determinadas actividades.

La finalidad de estas disposiciones consiste en proporcionar herramientas de reacción frente a fenómenos cada vez más frecuentes en entornos digitales, como la creación de sitios apócrifos, comunicaciones falsas o mecanismos de suplantación que emplean elementos institucionales para inducir a error a la ciudadanía.

Más allá de la protección patrimonial o de los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto, estas medidas buscan preservar la confianza pública en las comunicaciones gubernamentales y reducir riesgos asociados con prácticas de engaño o fraude digital.

LA REDEFINICIÓN DE LA ESCALA COMERCIAL: EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN

Aunque buena parte de la discusión pública se ha centrado en los nuevos delitos incorporados por la reforma, una de las modificaciones con mayores implicaciones prácticas se encuentra en la redefinición del concepto de “escala comercial” contenido en el artículo 430 del CPF.

Conforme al texto reformado, esta condición puede actualizarse cuando exista un beneficio económico directo o indirecto; se obtenga una ventaja competitiva o valor agregado, o la conducta produzca un impacto significativo en el mercado.

Desde una perspectiva técnico-jurídica, la relevancia de esta modificación radica en que varios de estos conceptos poseen un grado importante de indeterminación normativa. A diferencia de otros criterios cuantificables, expresiones como “ventaja competitiva”, “valor agregado” o “impacto significativo en el mercado” requieren necesariamente de un ejercicio posterior de interpretación por parte de autoridades ministeriales y órganos jurisdiccionales.

Por ello, el alcance efectivo de la disposición dependerá en gran medida de los criterios que se desarrollen durante la práctica investigadora y en la jurisprudencia que eventualmente desarrollen los tribunales federales. La delimitación de estos conceptos será determinante para establecer qué conductas podrían considerarse realizadas a escala comercial y cuáles quedarán fuera de ese ámbito.

Esta indeterminación normativa concentra una parte importante del debate jurídico generado por la reforma, pues el contenido concreto de estos conceptos solo podrá definirse a través de los criterios que desarrollen las autoridades investigadoras y los órganos jurisdiccionales.

EL DEBATE SOBRE LA DENOMINADA “LEY ANTIMEMES”

Diversos medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales han denominado a la reforma como “Ley Antimemes”. Sin embargo, el contenido del decreto no contiene referencias expresas a memes, sátiras, caricaturas, parodias o contenidos humorísticos, ni establece una prohibición específica respecto de estas formas de expresión.

Esta denominación surgió a partir de preocupaciones relacionadas con la ampliación de la protección penal en materia de derechos de autor, el fortalecimiento de las herramientas de persecución y la nueva definición de escala comercial. Tales inquietudes cobran especial relevancia en un entorno en el que la reutilización, transformación y circulación de contenidos forman parte habitual de la comunicación digital.

En este sentido, el debate no gira en torno a una prohibición normativa expresa —inexistente en el texto legal—, sino a los posibles criterios de interpretación que podrían surgir cuando las disposiciones reformadas entren en contacto con determinadas formas de creación, reutilización o difusión de contenidos en internet.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MONETIZACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Uno de los aspectos que ha generado mayor interés en la discusión pública es la entrada en vigor de la reforma en un contexto marcado por la expansión de herramientas de inteligencia artificial generativa.

Aunque el decreto no contiene disposiciones específicas destinadas a regular fenómenos como los deepfakes, la clonación sintética de voz, las recreaciones audiovisuales generadas mediante inteligencia artificial o las obras transformativas producidas con apoyo de sistemas automatizados, estos fenómenos forman parte del contexto tecnológico en el que se aplicará la reforma.

La ausencia de una regulación especializada impide concluir, a partir del decreto por sí solo, cuáles serían las consecuencias jurídicas aplicables a todos los escenarios relacionados con la creación de contenidos mediante inteligencia artificial.

El uso de imágenes modificadas, voces sintetizadas, contenidos audiovisuales transformados o recreaciones digitales puede involucrar múltiples ramas del derecho, entre ellas la propiedad intelectual, los derechos de la personalidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por ello, las controversias relacionadas con estas tecnologías requerirán una interpretación conjunta del marco normativo existente y de los criterios jurisprudenciales que puedan desarrollarse en los próximos años. La discusión jurídica no se centra, por tanto, en una regulación expresa de la inteligencia artificial —inexistente en este decreto—, sino en los posibles puntos de contacto entre las nuevas disposiciones penales y fenómenos tecnológicos que aún carecen de una regulación integral.

EL POSIBLE EFECTO INHIBIDOR IDENTIFICADO POR LOS CRÍTICOS

Uno de los planteamientos formulados por especialistas y sectores vinculados con la libertad de expresión no se relaciona necesariamente con la expectativa de condenas penales generalizadas, sino con el posible efecto de las investigaciones y los procedimientos sobre el ejercicio de ciertas libertades.

Incluso cuando una conducta esté protegida por derechos constitucionales vinculados con la libertad de expresión, el acceso a la información, la crítica política o la creación artística, ello no impide la presentación de denuncias ni el eventual inicio de investigaciones.

En este contexto, diversos especialistas han advertido la posibilidad de que algunas disposiciones generen un efecto inhibidor o chilling effect, entendido como la decisión de abstenerse de ejercer una libertad constitucional ante el riesgo de enfrentar procedimientos, investigaciones o controversias jurídicas.

Desde esta perspectiva, la principal inquietud no es la imposición final de sanciones, sino los costos económicos, legales, profesionales o reputacionales que pueden derivarse de una investigación cuya procedencia deba resolverse posteriormente mediante interpretación judicial.

La relevancia práctica de este debate dependerá, nuevamente, de los criterios de aplicación que desarrollen las autoridades competentes y de los parámetros constitucionales que los tribunales utilicen para armonizar la protección de los derechos de propiedad intelectual con otras libertades fundamentales.

IMPACTO PRÁCTICO

La reforma genera efectos diferenciados para los distintos actores que participan en el ecosistema digital y de propiedad intelectual. Para los titulares de derechos, las modificaciones incorporan mecanismos penales más robustos para combatir filtraciones, formas de piratería digital, comercialización ilícita de contenidos protegidos y determinadas conductas orientadas a vulnerar medidas tecnológicas de protección.

Para las plataformas digitales y las empresas tecnológicas, será particularmente relevante observar la interacción de estas disposiciones con los mecanismos de moderación de contenidos, atención de reclamaciones y gestión de derechos implementados por plataformas digitales y prestadores de servicios en línea.

No obstante, el alcance concreto de las obligaciones que eventualmente surjan dependerá de la forma en que las autoridades administrativas, ministeriales y jurisdiccionales interpreten y apliquen las normas reformadas.

Asimismo, periodistas, comunicadores, desarrolladores, productores de contenido y otros participantes del entorno digital deberán seguir con atención la evolución de los criterios jurídicos relacionados con la reutilización de materiales protegidos, las obras transformativas, la monetización de contenidos y los alcances de la libertad de expresión en entornos digitales.

Por su parte, las autoridades investigadoras cuentan ahora con herramientas más amplias para perseguir estructuras organizadas de piratería y falsificación que operan tanto en espacios físicos como digitales.

CONCLUSIÓN

La reforma fortalece el marco penal de protección de los derechos de propiedad intelectual y adapta diversos instrumentos normativos a dinámicas económicas y tecnológicas propias del entorno digital.

Las modificaciones introducidas en el CPF y en la LFPPI reflejan la intención legislativa de ampliar la capacidad de respuesta frente a modalidades contemporáneas de explotación ilícita de contenidos, comercialización de mercancías falsificadas y uso indebido de mecanismos protegidos.

Sin embargo, algunas de sus disposiciones, particularmente aquellas relacionadas con el concepto de escala comercial previsto en el artículo 430 del CPF y con la delimitación de conductas desarrolladas en ecosistemas digitales, plantean desafíos interpretativos. Su alcance solo podrá definirse plenamente mediante la actuación de las autoridades investigadoras, los tribunales federales y la eventual construcción de criterios jurisprudenciales.

En este contexto, el debate jurídico no parece centrarse en la legitimidad de combatir la piratería, la falsificación o la explotación ilícita de contenidos protegidos. Tales objetivos han sido tradicionalmente reconocidos como legítimos por los sistemas de protección de la propiedad intelectual.  La discusión se concentra, más bien, en la forma en que estas nuevas herramientas de tutela penal convivirán con otros valores constitucionales, como la libertad de expresión, la creación artística, el acceso a la información y las tecnologías emergentes de generación de contenidos.

Será la práctica judicial la que determine cómo armonizar la protección reforzada de los derechos de autor, la propiedad industrial y la identidad institucional con las libertades constitucionales que estructuran el debate público en los entornos digitales contemporáneos.

Fuente: Checkpoint México

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Francisco Jiménez
Legal Editor en Thomson Reuters México |  + posts